Traducido a números, de las 61 normas sancionadas, 40 se originaron en el Departamento Ejecutivo; 12, en el bloque oficialista (UCR); y nueve provinieron de la oposición (ver gráfico).

Se trata de las ordenanzas aprobadas entre el 10 de diciembre de 2011 y el 2 de agosto pasado, fecha hasta la cual están publicadas las normas en el Digesto Municipal. Este listado se encuentra disponible en los sitios web del Concejo y de la Municipalidad. Asimismo, los datos fueron contrastados con los diarios de sesión del cuerpo legislativo.

Una de las explicaciones que dio el viceintendente y presidente de Concejo, Marcelo Cossar, es que se trata del primer año de un nuevo mandato, en donde el intendente necesita su paquete de ordenanzas para poder gestionar. Esta posición es compartida por un sector de la oposición, aunque con objeciones.

Qué se aprobó. Durante diciembre y los tres primeros meses del año, se aprobaron ordenanzas sobre política económica: Presupuesto, Código Tributario, la Ordenanza Tarifaria, la megaordenanza de reordenamiento económico, el aumento del boleto de transporte urbano y el acuerdo de refinanciación de deudas con la Provincia.

Hasta marzo, también se sancionaron las nuevas estructuras orgánica del Ejecutivo y de los Tribunales Administrativos de Faltas, se prorrogó por dos años el régimen de regularización de loteos y metros de construcción no declarados, se autorizó una expropiación para construir el puente de Villa Warcalde, y se dio el aval al nuevo directorio de las empresa estatal de higiene urbana, Crese.

Por esos días también se creó el Instituto de Planificación Municipal y un fondo permanente para casos de catástrofe.

Hasta aquí, todas iniciativas del Ejecutivo.

También lo fueron las principales ordenanzas sancionadas en abril y mayo: las tarifas de taxis y remises, la creación del polémico Instituto Municipal de Cultura, el establecimiento de un fondo de reparación urbanística que se nutre de una contribución sobre el servicio de gas natural, y las escalas salariales del personal municipal y docente.

El inédito paro de colectivos urbanos durante 72 horas ocurrido en mayo también tuvo su correlato en el Concejo. En una agitada sesión, el 14 de junio, el cuerpo aprobó un subsidio de 18,9 millones de pesos a las empresas de transporte Ciudad de Córdoba y Coniferal. “Subsidiamos la paz social”, había dicho ese día Cossar.

Este proyecto del Ejecutivo –al igual que varios más– fue votado sólo por los concejales radicales, que son 16, número que les alcanza para tener mayoría y aprobar casi todas las iniciativas.

Por último, entre junio y principios de agosto se crearon la ventanilla única para la habilitación de negocios y se aumentó el costo de las multas de tránsito, entre las principales ordenanzas surgidas del Ejecutivo.

Oposición. Los proyectos de la oposición sancionados hasta el 2 de agosto fueron, sobre todo, declaraciones de beneplácito con respecto a distintas actividades culturales. Una excepción fue la aprobación de la iniciativa del Frente Cívico de crear una comisión investigadora del contrato celebrado entre la Municipalidad y la empresa Tecsa durante la intendencia de Germán Kammerath, por el cual la ciudad afronta una deuda millonaria.

La reciente sanción de la ordenanza de defensa del patrimonio histórico, también propuesta por el Frente Cívico, es otro ejemplo. Pero aún no fue promulgada y por lo tanto no se encuentra en el Digesto Municipal que se usó como base para el cálculo de este informe.

“Nuestros proyectos no prosperan porque tenemos una visión política de la gestión totalmente distinta a la de la UCR”, sostuvo el viernes Olga Riutort, presidenta del bloque Eva Duarte, al ser consultada por este diario. “Cada vez que presentamos una iniciativa, en lugar de discutir nuestro proyecto, ellos presentan otro sobre el mismo tema y sancionan ese”, dijo con indignación.

Por su parte, Esteban Dómina, del Frente Cívico, fue más contemplativo. “Los nuevos gobiernos necesitan sus ordenanzas para la gestión que quieren encarar”, sostuvo. “Aunque esto no significa que hayamos acompañado todos los proyectos; hubo muchos casos en que votamos en contra”, señaló.

Alejandra Vigo, presidenta del bloque de Unión por Córdoba afirmó: “Al iniciarse la gestión, acordamos acompañar Ejecutivo en los proyectos que enviara para garantizar su gobernabilidad. No desconocemos la situación financiera delicada que atraviesa la Municipalidad y no quisimos poner palos en la rueda”.

Sin embargo, la edila sostuvo que no está de acuerdo con el uso que hace la UCR de su mayoría en las comisiones de trabajo, ya que considera que siempre da preferencia de tratamiento a los proyectos mestristas en detrimento de los de la oposición.

Pedidos de informe. Por otro lado, los opositores reconocieron como positivo que la UCR aprobara en el Concejo varios pedidos de informes al Ejecutivo solicitados por los distintos bloques. Si bien estas resoluciones no tienen rango de ordenanza, cobran relevancia como métodos de control de la gestión municipal.

Sin embargo, tanto el Frente Cívico como los riutoristas cuestionaron que el Ejecutivo no entrega la información en tiempo y forma.

Mayoría

Bloque. Mestre ha logrado, hasta ahora, mantener su bloque unido. El único día en que el oficialismo tuvo riesgos de perder esa disciplina fue cuando se votaron los subsidios a las empresas de transporte. Ocurría que, al mismo tiempo, en la Legislatura provincial, el aguadista Rodrigo de Loredo lideraba una rebelión en el bloque de la UCR. Sin embargo, la bancada de concejales se mantuvo unida y alzó sus brazos para votar el proyecto del intendente.