Apenas se sancionó la ley por la legislatura entrerriana, tal como informa el sitio web del Gobierno de Entre Ríos, Sergio Urribarri rescató la iniciativa llevada a cabo: “El mercado concentrador de Paraná es un paso enorme para agregar valor en la ciudad y la base para el desarrollo del cordón frutihortícola y es una gran satisfacción”. A su vez, el gobernador de la provincia se comunicó con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para darle a conocer la novedad: “Guillermo nos acompañó desde el primer momento en este proyecto que nos permitirá tener en el futuro no muy lejano un aeropuerto de carga que desde Paraná pueda sacar gran parte de la producción en una de las áreas metropolitanas más importantes del país”, manifestó.

El desarrollo del proyecto de inversión y las características edilicias que asumirá el mercado central contó con la intervención y el apoyo de funcionarios y técnicos del Mercado Central de Buenos Aires. “Este respaldo fue fundamental para este emprendimiento sin cuya asistencia y conocimiento no lo hubiéramos podido llevar a cabo. El mercado le dará un nuevo perfil a la capital entrerriana y generará más oportunidades de trabajo”, añadió el mandatario provincial.

La ley

La ley especifica que los socios fundadores serán el Estado provincial, con participación mayoritaria, y la empresa Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer S.A.). La norma legal establece que se autoriza al Poder Ejecutivo “a contraer operaciones de crédito público por hasta la suma de 30 millones de pesos, con destino a financiar las obras necesarias para la puesta en marcha del Mercado Central, como la instalación de los servicios públicos (electrificación, iluminación general, agua potable, red de gas, servicios cloacales, desagüe pluvial, entre otros) y el desarrollo de infraestructura predial”.

Por otra parte, la norma explica que “la Sociedad tendrá un Consejo de Vigilancia, que estará integrado por un mínimo de dos miembros, designados por el Poder Ejecutivo como representante del Estado provincial, uno propuesto por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y uno presentado por la Fiscalía de Estado, pudiéndose dar participación a un miembro designado por las entidades de la sociedad civil que integran el directorio, si el Poder Ejecutivo lo considera pertinente”.