Al endeudamiento y los rojos de caja y deudas de todo tipo heredados, Suárez debe sumar una abrupta caída de la recaudación fiscal en el marco de la cuarentena. Mientras tanto, aguarda con ansiedad que el gobierno nacional le dé una mano, con una generosa provisión de ATR (adelantos del tesoro nacional).

Mendoza cuenta con cerca de 95 mil trabajadores estatales, cuyos salarios del mes de mayo están en la cuerda floja por el delicado estado de la caja provincial. Las expectativas están puestas en un salvataje por parte de Alberto Fernández. Por eso, cada vez que Mauricio Macri y sus acólitos abren la boca, Suárez sufre una especie de colapso. 

Las cifras de recaudación que difundió el ministerio de Hacienda provincial son catastróficas. La recesión económica preexistente se potenció con la paralización de la actividad comercial y productiva local. Y las expectativas no son buenas: lejos de incrementarse, se espera una nueva caída en los ingresos de este mes. 

En el mes de abril, la caída de la recaudación medida en términos interanuales fue del 28 por ciento medida en término reales, lo que se suma a la caída a pique de la actividad económica durante los dos últimos años de la gestión de Mauricio Macri. En abierta contradicción con el discurso de Macri y su mesa chica residual, en el gobierno de Juntos por el Cambio afirman que “ya no puede hacer más ajuste” en las provincias, ya que la obra pública está virtualmente paralizadas desde hace tiempo, y apenas alcanzaba para abonar los sueldos y algunos gastos corrientes. 

En el único rubro en el que no se constató una baja del gasto público provincial ha sido el de Salud, donde se realizó una inversión de 1500 millones de pesos en insumos y la contratación de personal especializado. 

Si bien el gobierno no piensa efectuar recortes en los salarios de los empleados públicos, la diputada del Frente Cambia Mendoza, Josefina Canale, presentó un proyecto de ley que impone un recorte de sueldos escalonados según salario por el término de noventa días. No es la única, ya que los empresarios que vienen haciendo ajustes en la mayoría de las empresas de las provincias -que incluyen descuentos de sueldos, pagos atrasados, suspensiones y una gran cantidad de despidos-, exigen una actitud similar de parte de las autoridades.  

El gobierno no considera seriamente la iniciativa de Canale -quien forma parte del bloque Demócratas por el Cambio-, aunque adelantaron que la legisladora sólo estaría buscando popularidad, ya que al exceptuar a los trabajadores de la Salud, la Educación y la Seguridad  “dejaría a unos 85 mil estatales fuera del recorte”, con lo cual no se conseguiría más que generar un crecimiento del descontento social. 

Según informó el ministerio de Hacienda provincial, habitualmente el pago de salarios demanda el 55 por ciento de los recursos totales. Durante la cuarentena, ese porcentaje se ha elevado al 80 y se prevé que el mes próximo exceda largamente el 100 por ciento. 

El gobierno nacional anunció un programa de emergencia que incluye el reparto de 120.000 millones entre las provincias. En el gobierno rezan porque las primeras partidas lleguen pronto. 

Hasta el momento, Mendoza recibió 1.250 millones en ATN. Aunque no se hicieron aclaraciones sobre la distribución de los fondos del programa de emergencia, Rodolfo Suárez espera que replique los porcentajes de la coparticipación, que en el caso de la provincia es del 4,1 por ciento del total. Esto implicaría la recepción de una suma de 5.000 millones (1250 millones por ATN, otros tantos por el programa de emergencia y 2.500 millones en un préstamo del gobierno federal). 

Si bien Suárez prometió coparticipar esos ingresos con los municipios, su expectativa es bastante sombría. Desde el gobierno reconocieron: “Tenemos que ver cómo se va desarrollando esta flexibilización de la cuarentena. Pero hay que tener en cuenta que la baja de recaudación de abril contenía incluso la época de Vendimia, cuando funcionaban los hoteles, restaurantes y comercios. La caída será peor en mayo”.

Otra opción que manejan en el gobierno es la de tomar más deuda pública, lanzando una emisión de letras del tesoro por 5.000 millones. Pero el mercado es muy limitado e implicaría altísimas tasas de interés que deberían pagar las administraciones próximas. Esta iniciativa se implementará en los próximos días, ya que lo único que importa, hoy, es salvar la ropa.