La difícil situación socioeconómica que atraviesan las familias mendocinas se puede palpar en la realidad diaria que se refleja en la escuela y en los municipios. En lo que va de la gestión de Alfredo Cornejo aumentó en un 12% la demanda de los programas alimenticios. Si bien, desde el Estado provincial se reconoció que se hace más visible la necesidad de las familias,

desconocieron la legitimidad metodológica del "índice miseria" que estableció una investigación reciente la Universidad del Salvador (USAL) y que dejó a la provincia en una posición incómoda.

Marcela Fernández, subsecretaria de Desarrollo Social de Mendoza, admitió que creció la solicitud de ayuda alimentaria, como también la posibilidad de dejar abierto el registro de altas para chicos con problemas nutricionales.

Además indicó que hay nuevas escuelas que están solicitando ingresar al sistema para acceder al refrigerio, que se brinda en 1.300 establecimientos educativos y 200 jardines de infantes.

"Nosotros no desconocemos la realidad, por el contrario, estamos solicitando una mayor partida de Nación para junio para dar más respuestas a las dificultades que tienen las familias, pero no nos manejamos por las informaciones de los diarios, sino, por las estadísticas que elaboró el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC)", sostuvo la funcionaria en diálogo con El Sol.

Actualmente la provincia entrega tickets alimentarios, a través de los programas Comer Juntos y Nutrifamilia, que se han incrementado en el año y medio de gestión gubernamental.

Fernández fue consultada concretamente por las cifras que dio a conocer la USAL, en las cuales, la provincia obtuvo el (34,3%), luego de sumar la Tasa de Desempleo y la Inflación del último trimestre. Sin embargo, afirmó que si bien había tomado conocimiento por los medios, desconocía la metodología con la que se habían obtenido esos datos.

De acuerdo al estudio la provincia quedó mal posicionada con respecto a San Luis (21,8) y Santa Fe (28,4). Después de Mendoza se ubicaron el "malestar" de CABA (33,1) y el de Córdoba (31,1 puntos).

Desde la universidad defendieron los datos y señalaron que hacen un aporte a los gobiernos: "La evaluación le sirve a los gobernantes porque indica el grado de malestar o de angustia que tiene la población, que observa cómo la inflación le come sus ingresos y las dificultades de empleo que puede tener para eventualmente mejorarlos", señaló a DyN el director del Instituto de Investigaciones de la USAL, Héctor Rubini.