Después de tantos años de reclamo, los hombres y mujeres que no pueden tener hijos por vía natural festejaron en junio, cuando el Congreso convirtió en ley nacional el proyecto de fertilización asistida, el cual promueve la gratuidad del tratamiento en el ámbito público y en el privado. Se trata de una ley que no pone límites en edad, sexo ni estado civil de los interesados. La norma amplía derechos y no toma la infertilidad como una enfermedad, sino plantea el derecho universal a reproducirse. Ya fue reglamentada pero Mendoza todavía no adhiere a esta normativa, que rige en todo el país.

Las consecuencias que trae la fuerte demora en el acompañamiento legislativo provincial es que muchos son los mendocinos que se perjudican. Es que, si bien las obras sociales y prepagas nacionales ya tienen la obligación de prestar este servicio a las personas que no pueden concebir, no hay cobertura local garantizada para aquellos que no tienen ningún tipo de obra social o cobertura médica. La abulia de los legisladores locales también se traduce a menor servicio para aquellos que pertenecen a la Obra Social de los Empleados Públicos (Osep). Aunque este organismo viene realizando tratamientos de fertilización asistida, incluso antes de que exista una ley, tiene un cupo limitado. Las parejas que buscan la adhesión provincial y están nucleadas en la Asociación Sumate Mendoza dijeron: “Termina habiendo esperas demasiado largas y el reloj biológico de la mujer juega en contra”.

A principios de mes, varios integrantes de la agrupación Sumate Mendoza, que nuclea a parejas con dificultades para concebir un hijo, se acercaron a la Legislatura provincial para conocer en qué estado se encontraban los proyectos de ley sobre Fertilización Asistida. Más allá de que la norma ya es nacional, en Mendoza aún falta que se apruebe el proyecto de adhesión (cuyo autor es el diputado radical Luis Petri); el de una nueva ley provincial de fertilización, creado hace un año y medio por la diputada oficialista Evangelina Godoy, y el último, presentado por el radical Tadeo García Zalazar.

Sin embargo, nadie les dio buenas noticias a los mendocinos, porque, aún, el tema no se trata en el recinto de la Cámara Baja, debido a “otras prioridades”, según argumentan los legisladores consultados por El Sol.

otras prioridades en el recinto. Después de las elecciones del 27 de octubre, los tres legisladores presentaron un despacho común entre los tres proyectos acumulados. Sin embargo, todavía se analiza en la Comisión de Salud de Diputados, sin perspectiva de que haya solución antes de que terminen la sesiones ordinarias en la Legislatura. “Con las leyes de Avalúo, Impositiva y presupuesto se complica tratar el tema. Ojalá. Vamos a tratar de activarlo la semana próxima porque debería salir sin mayores problemas, al menos, el proyecto mío, donde se dispone la adhesión a la ley nacional. No debería ser tan difícil de aprobar, pero aún nadie da el debate y hay que hacerlo. Todos los bloques estaban de acuerdo”, cuestionó ayer Petri.

Si Mendoza no adhiere, hay un beneficio parcial para la provincia, ya que todas las obras sociales y prepagas nacionales sí se ven en la obligación de pagar un tratamiento de fertilización, aunque no así el sistema de salud pública para aquellos que no cuentan con ningún tipo de cobertura médica.

“Yo creo que hay que presionar más. Después de que salió la ley nacional nos relajamos y falta compromiso por parte de todos los actores. Acá, el problema es que hay muchas personas que trabajan en negro y no tienen obra social. Ellas se quedan fuera de este derecho que establece la ley nacional”, lamentó Anahí Funes, integrante de la asociación de padres Sumate Mendoza.

Por su parte, Paola Martín, también de esa agrupación, hizo hincapié en las largas esperas a las que deben someterse las parejas que no pueden concebir y que son afiliadas a la Obra Social de los Empleados Públicos. “Sólo se atienden dos casos por mes y son muchas las personas que están anotadas en lista de espera. La ley nacional plantea que no hay límites de atención, sino que garantizará el tratamiento a todos aquellos que lo requieran y la Osep exige un montón de requisitos”, indicó Martín.

La Osep y el limite de presupuesto

Las trabas mayores para agitar la adhesión podrían ser 100 por ciento presupuestarias. “Es un temor inútil, porque la mayoría de las personas que buscan un tratamiento pueden resolver su problema con el tratamiento más sencillo, pastillas hormonales, que suelen ser tratamientos económicos”, dijo la diputada Godoy.

La Osep ya viene realizando tratamientos de fertilización varios años antes de la ley nacional, gracias a un convenio que firmó con algunos centros especializados. Sin embargo, el máximo de tratamientos que presta esa obra social es de dos por mes y todo indica que no habría fondos, tal como lo señala la ley nacional, para absorber a toda la demanda que ya se registra en las listas de espera.

En diálogo con El Sol, el titular de la Osep, Alberto Recabarren, dijo: “Existe un problema presupuestario y lo hemos planteado con algunos legisladores. En la salud pública puede sonar frío pero hay que hay tomar decisiones que beneficien a todos los afiliados y hay tratamientos donde también está en riesgo la vida del paciente. Hoy, nuestro límite son dos tratamientos al mes”. Actualmente, la Osep ofrece la cobertura de todos los tratamientos a sus afiliados a través de un acuerdo con diferentes clínicas privadas. El más caro es la fertilización in vitro, cuyo valor supera los 40 mil pesos.

En el 2006 se cubrió todo en tratamientos de baja y media complejidad, y fue ampliándose con el tiempo. Según admitió Recabarren, consultan cerca de 120 parejas por año por este tema y, desde que la ley nacional fue aprobada, la lista de espera es “cada vez más extensa”.