En una carta enviada al gobernador mendocino, la legisladora aludió a la VI Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (que se desarrolla en Buenos Aires y culminará mañana con la lectura de veredictos), y lamentó que "la Provincia de Mendoza estuvo ausente y se limitó a enviar una copia del perjudicial Convenio rubricado por Jaque en 2008, ratificando a todas luces su voluntad política de continuar esa errática senda para los intereses de Mendoza".

Nada para La Pampa.

Si bien en el controvertido "inciso K" de aquel convenio, Mendoza se comprometió a respetar una cuota mínima de agua para La Pampa, Montero pretende que su provincia siga aferrándose al fallo de la Corte Suprema (1987) que reconoció su derecho a irrigar 75 mil hectáreas en la cuenca del Atuel, aunque el propio Departamento de Irrigación reconoce que actualmente apenas mantienen bajo riego la mitad de esa superficie. La senadora apoyó su posición contraria al Convenio de 2008 en la "movilización de una enorme cantidad de regantes y productores del sur provincial, que clamaban porque sus derechos habían sido vulnerados".

En lugar de respetar los derechos de La Pampa, el gobierno mendocino "debería trabajar seriamente y de manera consistente en las obras hídricas indispensables para el desarrollo productivo de nuestros oasis, haciendo cumplir el trasvase del Río Grande al Atuel y Portezuelo del Viento; realizando las obras hídricas de conducción en los cauces, e implementando mecanismos de mejora hacia el interior de las fincas, para el uso del agua". "No pedimos que el gobierno provincial deje de tener buena relación con la Casa Rosada ni con las provincias vecinas; pero sí que esa sintonía no sea al costo histórico del agua de los mendocinos", concluyó la senadora.

Ineficiencia en riego

Aunque el fallo de la Corte Suprema de Justicia reconoce el derecho de Mendoza para irrigar 75 mil hectáreas con agua del Atuel, en la práctica nunca fue posible abastecer esa superficie con el paupérrimo sistema de riego mendocino. La red de canales al sur del dique Valle Grande se hizo entre 1890 y 1930. En menos de 40 años cesaron las obras porque el recurso hídrico resultaba insuficiente. La elevada ineficiencia del riego (apenas un 27 por ciento) tornó inviable la producción a semejante escala y desde hace varias décadas más de 20 mil hectáreas de esa zona productiva permanecen abandonadas.