La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el sobreseimiento de los ex funcionarios y empresarios vinculados en la denominada "Megacausa", el presunto fraude contra la administración pública cometido en ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y que en 2004 fuera denunciado exclusivamente por El Ancasti.

El fallo, emitido días atrás, cuenta con el voto positivo de los jueces Raúl Da Prá, Rodolfo Bustamante y la disidencia de Carlos Roselló. La resolución ordena al juez de Control de Garantías N° 2, José Antonio Carma, que procese a los ex empresarios Hugo Diamante, Carlos Arriazu y al ex tesorero de la provincia Juan Andrés Barrios, y a los empleados Susana Beatriz de la Colina, María Cristina Barros de Voget, Guillermo López y Liliana del Valle Jalil de la Barrera, todos empleados de las áreas Desarrollo Social, Tesorería y Contaduría General de la provincia.

A fines de abril de 2010, Carma había confirmado la elevación a juicio del ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, del ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, y de Carlos Arriazu, titular de la Fundación "Jóvenes en Progreso". En tanto que el resto de los imputados habían sido sobreseídos en forma "total y definitiva". No obstante, el fiscal instructor de la causa, Ezequiel Walther, y los defensores de Regina y Córdoba Molas, apelaron la resolución -éstos últimos por entender que también existía responsabilidad en los demás-, y el Tribunal de Alzada decretó la nulidad.

Sin embargo, el juez de Garantías confirmó la elevación a juicio para Regina y Córdoba Molas y dictó el sobreseimiento del resto.

El Megafraude

El supuesto megafraude en Desarrollo Social salió a la luz pública en 2004, cuando se advirtió que a través del área se financiaba la realización de cursos de especialización que organizaban las fundaciones y que algunos de ellos ni siquiera se realizaban o, en otros casos, se había sobredimensionado la matrícula de concurrentes.

Por este hecho, según estimaciones de la investigación, el erario provincial fue defraudado en unos 4,2 millones de pesos.

NUEVE AÑOS

 En 2004 se comienza a investigar el Mega Fraude, ante la sospecha de cursos de capacitación, los cuales no se realizaban o se hacían pero sin el número de asistentes declarado, y por lo que se pagaban abultados sobreprecios.

 Fueron sindicados los ex funcionarios Córdoba Molas, Regina y los ex empresarios Diamante y Arriazu, además de un grupo de empleados del Estado.

 En 2012, el juez José Carma mantuvo la acusación contra los dos primeros y sobreseyó al resto.

 Ahora, Apelaciones revocó el fallo y ordenó que todos sean procesados.