Mientras el cambio de dueño sigue sin tener el consentimiento del Gobierno luego de haber transcurrido ya cinco meses de la operación mediante la cual Marcelo Mindlin cedió sus acciones a una sociedad controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, Edenor acaba de ser demandada judicialmente por las propias autoridades nacionales en el marco de una vieja causa vinculada al pago de indemnizaciones a sus clientes.

Se trata de una denuncia que presentó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en febrero pasado para reclamar el pago de $1.652 millones más intereses vinculada a sanciones que entre el 2002 y 2007 le aplicó el organismo por supuestos incumplimiento en los estándares de calidad ofrecidos por la distribuidora a sus clientes.

A través de una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los representantes legales de la compañía admitieron haberse enterado de la causa este 3 de junio pasado cuando recibieron un comunicado del ENRE sobre la demanda que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10.

Según informa la distribuidora se le reclaman algo más de $1.652 213 más intereses a contar desde el 17 de julio del 2017 en los montos de las penalidades ya abonadas por Edenor en diciembre del 2015 a sus usuarios.

Los pagos se encuentran incluídos en los puntos 9.2.1 y 9.2.2, Anexo X, del Acta Acuerdo que la empresa firmó en el 2005 con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos (Uniren), organismo que había sido creado el 3 de julio del 2003 por un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner y que fue disuelta por el decreto Nº 367 del 2016 sancionado por el gobierno de Cambiemos y que estableció que las cuestiones vinculadas a las concesiones y licencias de los distintos servicios públicos así como la determinación de los precios y tarifas aplicables, quedaban bajo la órbita de diferentes carteras ministeriales.

En ese marco, las penalidades que ahora el ENRE le reclama a Edenor corresponden a bonificaciones dispuestas a favor de los usuarios en los casos de incumplimiento de disposiciones o parámetros relacionados con situaciones individuales calculadas en relación con el monto de la facturación promedio mensual del usuario, por eventos anteriores al 2002.

En su nota, los asesores legales de la empresa que todavía es operada por Mindlin a través de su grupo Pampa Energía, aseguran haber analizado los términos del reclamo así como la estrategia de defensa, "en el entendimiento que el pago oportunamente realizado se ajusta a derecho, fue cancelatorio y no implicó un perjuicio a los usuarios".

Dicho de otra forma, en Edenor consideran que el caso se encuentra cerrado desde hace por lo menos seis años y que no acumulan deuda alguna por esta situación, con lo cual es de suponer que la justicia deberá debatir la razonabilidad de la respuesta de la compañía como la del reclamo oficial.

Vínculos tensos

 

De todos modos, la causa marca la relación que el actual gobierno del presidente Alberto Fernández viene teniendo tanto con Edenor como con el resto de las concesionarias de servicios públicos a las cuales aplica multas casi de manera permanente; las obliga a renegociar los contratos con términos impuestos por las mismas autoridades y les permite un ajuste tarifario del 9% luego de dos años y medio de congelamiento y de una inflación acumulada de casi el 100% sólo entre el 2019 y este año.

Un combo que, para la compañía se traduce en una situación financiera adversa que la deja sin flexibilidad para asumir compromisos adicionales a su plan de inversiones para operar y mantener el servicio eléctrico concesionado.

También la obliga a incrementar la deuda con CAMMESA durante este año en otros $30.000 millones de acuerdo a medidas aprobadas por su directorio debido, en parte, a que sus líneas de financiamiento de mediano plazo son acotadas y a que la empresa debe priorizar el destino de los fondos a los planes de inversiones y mantenimiento previstos para el trienio 2021-2023.

En este marco, la distribuidora viene redefiniendo su plan de reducción de gastos para, por ejemplo, limitar su necesidad de oficinas corporativas a partir de la masificación del teletrabajo y la venta de inmuebles que no se encuentren dentro de su ni core business.

A pesar de este tipo de medidas, entre enero y marzo pasados perdió $650 millones y vio caer sus ingresos en un 28% en términos reales, profundizando el escenario de inestabilidad financiera que viene arrastrando durante los últimos años producto, más que nada del congelamiento tarifario en un contexto macro económico de alta inflación.

De este modo, sigue sin lograr restablecer su ecuación de negocios, afectada por el cepo sobre las facturas establecido por el ex presidente Mauricio Macri en abril del 2019 y mantenido por Alberto Fernández hasta este mes de junio cuando se comenzará a aplicar la suba del 9% promedio.

Un porcentaje que permitirá una leve mejora en la situación económica-financiera pero que no será suficiente para sostener los costos operativos e inversiones del servicio eléctrico, necesarias para seguir mejorando sus niveles de calidad de servicio y la eficiencia en el uso de sus recursos.

De todos modos, en el primer trimestre destinó algo más de $2.100 millones para mantener sus operaciones de manera adecuada y en línea con el plan que viene ejecutando en los últimos años y que sigue mostrando resultados que se reflejan en una continua mejora en la calidad del servicio, al reducir la duración y frecuencia de los cortes desde 2014, y superar así los requerimientos regulatorios previstos en la última revisión tarifaria integral, incluso llegando a superar este año los indicadores de calidad exigidos por el regulador para el fin del período tarifario en febrero del 2022.

 

Por Andrés Sanguinetti