La muralla levantada por las empresas de medicina prepaga comienza, poco a poco, a resquebrajarse y perder sus ladrillos más sólidos. Avanza en el Congreso el proyecto de ley que, impulsado por el oficialismo y apoyado por las obras sociales y gremios, apunta a regular la actividad de las compañías privadas de salud. La Cámara de Diputados ya estaría lista para tratar la iniciativa, que tiene media sanción del Senado, el miércoles 4 de mayo.

La decisión de la Cámara baja arroja por la borda los intentos de las compañías por bloquear la discusión. El sistema vigente mantiene bajo un paraguas desregulado a un millón de personas sólo en la Ciudad.

La estructura forjada a través de años de vacíos legales para el sector permite que hoy el 80% de la facturación, tanto en Capital como en el interior, esté en manos de sólo cinco empresas.

En esa dirección, OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint y Galeno se reparten hoy el grueso de las ganancias en un segmento que, sólo en la escena porteña, mueve más de $1.700 millones por año, y cuyo potencial económico -aseguraron fuentes de la consultora Claves- creció 20% de 2009 a esta parte. De la nómina mencionada, OSDE se alza con el grueso de los afiliados en Capital Federal: más de 350 mil; en segundo lugar está Swiss Medical, con 200 mil; Galeno, con 190 mil; Medicus, 100 mil, y Omint, 40 mil. En todo el país, las prepagas tienen 4,5 millones de afiliados.

El último movimiento de Diputados coloca al proyecto, elaborado en 2008 por la ex diputada del Frente para la Victoria y actual embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, al borde de la aprobación.

"Si los diputados confirman lo reformulado por el Senado en noviembre pasado, entonces tendremos una ley para las prepagas. Tanto el Gobierno como la UCR prefieren que se apruebe y luego se le realicen modificaciones antes que seguir demorando un marco vital para millones de personas", explicaron a Diario Z desde la UCR.

El proyecto en cuestión establece que las compañías de medicina prepaga deberán cubrir planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad. El marco indica, además, que los contratos entre las prepagas y los usuarios no pueden incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se incluyen en el PMO.

Por estos días, para determinadas prestaciones el afiliado no puede utilizar la prepaga hasta que no haya pagado determinada cantidad de tiempo. Y la norma acorta la posibilidad de los plazos de carencia, que son reglas que imponen las prestadoras en contra del usuario.

Los puntos que más caldean los ánimos tanto en la oposición política como en las empresas son los artículos 10 y 11. En el primer caso, el apartado establece que "las enfermedades preexistentes solamente podrán establecerse a partir de la declaración jurada del usuario, y no podrán determinar criterios de discriminación o selección adversa". El punto 11 señala que "la edad no podrá ser tomada como criterio de selección adversa. Para ello la prepaga deberá para el caso de las personas mayores de sesenta y cinco años definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etáreos".

"Aquellos usuarios mayores a 65 años que tengan una antigüedad mayor a diez años en algunas de las empresas de medicina privada o agentes del seguro que comercialicen modalidades de adhesión voluntaria inscriptas en el registro de la Salud, no podrán sufrir aumento de la cuota", indica.

Respecto de estos apartados, y para echar aún más luz sobre los alcances de la normativa en discusión, la propuesta estipula que partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores.