Una nueva semana se suma a la lucha de los médicos y empleados de la salud tucumana. Esta vez, se decidió no hacer marchas ni movilizaciones, pero continúan firmes con el quite de colaboración, el cierre de los quirófanos y consultorios y la suspensión del dictado de clases, tanto de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).

Asimismo, los galenos disidentes mantienen firme su postura en no permitir la intervención de cualquier agente externo que quiera sumarse a la puja salarial librada entre el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) y el Poder Ejecutivo.

Tal situación responde a la reunión efectuada el viernes pasado entre el ministro del área, Pablo Yedlin y los directores de los principales hospitales de la provincia, en la cual se acordó un nuevo encuentro en el que además intervendrán los jefes de unidades y departamentos de los respectivos nosocomios, quienes amenazaron con renunciar masivamente a sus funciones en caso de no propiciarse instancias resolutivas al conflicto.

Al respecto, Carim Asús (delegado del Centro de Salud) dijo a EL SIGLO que "nosotros estamos en total y absoluto desacuerdo, rechazamos unánimemente que ellos (por los directores) puedan ser moderadores con el Gobierno. Cómo aceptar tal cosa si fueron ellos mismos los que permiten que se infiltren patoteros en las asambleas, los que persiguen a los colegas y emiten listas negras con nombres de compañeros que son entregadas al ministro Yedlin para que luego aplique sanciones", explicó, como forma de justificar esta postura.

Estrategia cuestionada

Por su parte, la secretaria adjunta del SITAS, Adriana Bueno indicó que "los mandos medios de cada hospital cuestionan que esta situación no da para más, así no se puede trabajar, la estructura vertical del SIPROSA está quebrada. De lo único que podemos hablar son de las condiciones salariales", resaltó.

Al mismo tiempo, cuestionó la actitud adoptada por el alperovismo sustentada en solicitar este nuevo tipo de mediación. "No comprendo la estrategia, se está utilizando la figura de los directores a quienes se les bajan órdenes porque ellos no tienen capacidad de gestionar absolutamente nada".

Insistió también en la necesidad que sea el propio Ejecutivo quien asuma la responsabilidad de convocar a las negociaciones. "Fue el Gobierno quien suspendió unilateralmente el diálogo y solamente se resguarda en la excusa de llamarnos a tratar vaya a saber qué cosa con los demás gremios, que lo único que hicieron hasta ahora fue avalar la indigna política laboral oficial. Su burocracia sindical lo único que logra es ser simples voceros del poder", lanzó.

Vinculado con el tópico atinente a la presentación de dimisiones a sus funciones (pero no a los cargos) por parte de jefes de áreas hospitalarias, René Voigt (responsable de la Unidad de Salud Mental del hospital Avellaneda) se refirió a la resolución adoptada por esos profesionales en torno a promover una solicitada a publicar en medios nacionales con el objeto de interiorizar a la propia presidente Cristina Fernández sobre las características del conflicto.

"De no mediar respuesta alguna de las autoridades provinciales trataremos el tema de las renuncias pero ya con un plazo determinado, vamos a ser mucho más tajantes en ese sentido y seguiremos trabajando en función de que el Gobernador se digne en recibirnos en esta instancia que ya trascendió lo dramática", precisó Voigt.

Nula confianza

Al respecto, apeló a la sensibilidad de José Alperovich al añadir que "es hora de que nos escuche, la salud no es de los médicos únicamente, también lo implica a él y a la ciudadanía, es un bien social. Que no se haga el sordo o el que no entiende, ya debería haber resuelto el conflicto que es de su exclusiva competencia y responsabilidad".

Al ser consultado por la intervención de los máximos responsables de los centros asistenciales para bregar por algún tipo de pacificación en redor de esta disputa, sus consideraciones lejos estuvieron de proyectarse como optimistas. Adujo que "todo lo que se haga en posibilidad de resolver el conflicto, bienvenido sea, pero los directores son obsecuentes del poder y no se puede saber a ciencia cierta si ellos serán intermediadores o no. De ninguna manera tenemos confianzas en los directores".

Adriana Bueno, en tanto se despachó de forma contundente contra aquellos que intentan involucrarse de forma intempestiva en las desavenencias entre su movimiento y la administración comarcana. "Que se callen la boca los que no tienen nada que ver con la salud, simples políticos adulones que echan más nafta al fuego. Quiénes son para darnos clases de cómo debemos comportarnos. No tienen el mínimo grado de credibilidad", disparó visiblemente molesta e irritada.

Al preguntársele a quiénes iban dirigidos sus conceptos, resaltó que "hay varios funcionarios que hablan de legalidad y ética, y eso fue lo que nos hizo decidir y definir para endurecer las medidas. Aquí todo se debe arreglar únicamente entre el Ejecutivo y nosotros, nadie más".

Los gremios estatales lograron más titularizaciones, pero de plata no se habla

La amenaza de los gremios que representan a los empleados estatales de la provincia en torno al pedido para que el Gobierno reabra las paritarias a raíz de que el impuesto inflacionario carcomió el aumento dinerario otorgado a fines de marzo, parece haber quedado en un viejo cajón de la mesa de entrada de Casa de Gobierno.

Ya casi nadie menciona la molestia causada luego del acuerdo salarial entre los policías y el alperovismo, esos resquemores, celos y envidias, parecen ya no preocupar a los dirigentes gremiales quienes, al ser consultados, señalan que las gestiones por más dinero continúan, pero hasta aquí no se reflejó nada en concreto.

Marcelo Sánchez, secretario adjunto del gremio de ATE dijo a EL SIGLO que "nunca nos contestaron el pedido de audiencia, pero vamos a insistir. Más allá de eso la semana que pasó alcanzamos, junto a la gente de UPCN, la titularización de más de 900 personas de las Comunas" manifestó, como forma de contrarrestar el pedido inicial de rediscutir el tema meramente económico.

Sánchez también recalcó que entre el miércoles o jueves venideros (aún no está confirmado) quizás sean recibidos por el ministro de Gobierno Edmundo Jiménez para recordarle la preocupación por reabrir paritarias.

Insistió al mismo tiempo en que "pese a todo estamos gestionando 900 titularizaciones más para la administración central y municipios, y también veremos si nos pueden recibir para el otro tema que siempre está pendiente" finalizó Sánchez, en alusión al pedido principal relacionado con lo salarial. Cabe recordar que en su momento, el propio dirigente, expresó el descontento del sector con el Gobierno.

"El Ejecutivo nos mintió al anunciar que disponía de una determinada masa salarial a la que se limitaba y luego nos damos con la sorpresa que a la Policía le concedieron un aumento muy significativo, de casi 1.000 pesos a la base de cálculo. Esto demuestra que sí disponen de plata suficiente y deben reabrir las paritarias", había señalado a este medio tiempo atrás.

En este sentido, debe mencionarse que el PE y los gremios estatales firmaron un acuerdo, para todo lo que resta del año, que contempla un incremento salarial del 100 por ciento en el básico, dispuesto de forma escalonada: Un 50 por ciento de aumento en marzo pasado, otro 25 por ciento en julio y un 25 por ciento para octubre. Tal acuerdo fue calificado de "histórico" por los referentes sindicales.