El presidente de la asociación, Pedro González, dijo que no tenía sentido mantener la suspensión de labores, iniciada el 26 de noviembre para impedir que el Parlamento regional –controlado por el Partido Popular (PP)– aprobara la entrega de la salud pública a empresas privadas. Sin embargo, González subrayó que se analizarán nuevas propuestas para intentar “paralizar” la ley acordada, tales como acudir a los tribunales para evitar que “ni un euro de los tributos de los madrileños” vaya a parar a beneficio de la empresa privada. Dado que consideran que la privatización de la salud en Madrid es parte del plan de recortes que el gobierno conservador encabezado por Mariano Rajoy, también del PP, acordó con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recortar presupuestos y evitar un default, otra iniciativa que está estudiando la AFEM es convocar a una movilización nacional de sus colegas.

La protesta de los profesionales de la salud provocó aproximadamente 40 mil consultas canceladas y 6200 operaciones suspendidas. Pero a pesar de la magnitud de la huelga, la nueva reglamentación fue aprobada sólo con los votos del PP, que no aceptó ninguna de las más de 200 enmiendas que fueron presentadas por los grupos de la oposición. La iniciativa aprobada permitirá privatizar la gestión de seis hospitales en los que se atienden más de un millón de personas, y 27 centros de salud, el 10 por ciento de los que tiene la región. Aunque el servicio seguirá siendo gratuito para los pacientes, se cobrará a partir de enero un euro por receta. El pago coincide con lo adoptado por otros gobiernos locales como el de Cataluña. Ante este contexto de afectación de la salud pública, más de 150 médicos presentaron el miércoles ante el Colegio de Médicos de Madrid sus renuncias de las comisiones y juntas técnicas asesoras a las que pertenecen para representar así el fin de su colaboración en la gestión de la sanidad madrileña. Las dimisiones se sumaron a las anunciadas la semana pasada por los jefes de 120 de los 270 centros de salud de la región para tratar de disuadir al gobierno madrileño de dirigido por el representante del PP, Ignacio González. Como informó la agencia de noticias Europa Press, los equipos directivos de los centros de salud reiteraron ayer su voluntad de presentar dimisiones en bloque y anunciaron que 139 equipos ya se sumaron a esta propuesta.

El presidente madrileño arremetió el jueves contra los médicos y los acusó de perjudicar a los ciudadanos con sus reivindicaciones. Según el Ejecutivo regional, la crisis económica y la reducción del presupuesto sanitario, que se deriva de los recortes, lo llevaron a tomar esa medida para ahorrar unos 200 millones de euros. En cambio, médicos y otros profesionales junto con los ciudadanos, aseguraron que la privatización mermará la calidad de la atención. Los trabajadores del sector de otras regiones españolas temen que el ejemplo de Madrid pueda aplicarse después en ellas. Los profesionales y la oposición consideran que detrás de estas medidas hay un planteamiento neoliberal de reducir el control estatal que se quiere imponer aprovechando la crisis.