El Gobierno acordó con los máximos referentes de los principales nosocomios de la provincia la realización de una reunión con los jefes de área de las respectivas instituciones para abrir los canales de diálogo. Sin embargo, desde los Autoconvocados señalan que los directivos son simples voceros del oficialismo. Renuncias.
En este sentido, ahora, desde el alperovismo se apela a la intermediación de los directores de los principales nosocomios del territorio local con el objeto de poder establecer nuevas instancias o canales de negociación que tiendan a menguar el nivel de tensiones existentes entre las partes. Sin embargo, aún persiste la negativa rotunda del Ejecutivo en volver a reabrir las paritarias que ofrezcan nuevos parámetros salariales como lo requieren los Autoconvocados.
Por dicha razón, la radicalización de posturas también continúa sustentándose en las filas médicas en las que no se reconoce la participación de otros estamentos (los directores) como vías resolutivas del conflicto y mucho menos si en la discusión no se incluye la temática dineraria.
Así, en la jornada de ayer, el ministro de salud, Pablo Yedlin, recibió en su despacho a los máximos responsables de los centros asistenciales de referencia de la provincia (Hospitales de Niños, Padilla, Ovarrio, Concepción, Avellaneda, Centro de Salud y Maternidad) cuya reunión tuvo como fin avanzar en encontrar medidas orientadas a poner fin a los reclamos que ya conllevan más de dos años de duración.
Por esta razón, durante el encuentro se decidió que el jueves de la próxima semana se retomen los canales de diálogo pero esta vez a través del encuentro con representantes de los jefes de servicios, unidades y departamentos de los respectivos nosocomios, quienes ya plantearon, ante la delicada situación por la que se está atravesando, la posibilidad de presentar las renuncias a sus funciones.
"Nos ofrecemos como facilitadotes y tenemos la firme voluntad de ayudar a la solución del conflicto con la misión de lograr una reunión para hablar probablemente con el ministro de economía también (Jorge Jiménez). La idea, básicamente, es tratar de volver a dialogar y que la atención a los pacientes se reestablezca", señaló a la salida de la reunión en cuestión, Graciela Lavado, directora del hospital de Niños.
Por su parte, Roxana Chala (Instituto de la Maternidad) expresó, respecto a las desavenencias surgidas entre el Gobierno y los Autoconvocados, que "nosotros tuvimos diálogo permanentemente, nunca se cortó, lo que se deben plantear son soluciones, traer propuestas y discutir sobre ellas las que sean factibles o no. Si el tema salarial dependiera de nosotros, sería mucho más sencillo, pero no son cuestiones que nos incumban".
Seguidamente, fue le propio Yedlin quien insistió en la necesidad de retomar las negociaciones y para ello destacó que "hay propuestas posibles (para una solución) pero la manera de llegar a un resultado óptimo es a través del diálogo y la tranquilidad de la no agresión y volver a la lógica de un reclamo que puede ser justo pero que tiene que encauzarse dentro de lo que es la legalidad".
Sin embrago, nunca se apartó del libreto oficial en cuanto a lo salarial refiera, pues al mencionar lo estipulado por Lavado de una posible concurrencia por parte de Jiménez a las nuevas reuniones, el titular de la cartera sanitaria aclaró que "si hace falta invitaremos al ministro de economía pero nosotros no tememos prevista la apertura de las paritarias".
Más allá de los intentos gubernamentales por arribar a una hipotética concordia, desde el sector galeno no comulgan ni confían en la actuación desarrollada por los directores hospitalarios.
"Estas no son gestiones promovidas por los directores, sino que responden a una directiva del Ministerio de Salud, se trata de una estrategia que deja a las claras la necesidad del ministro de obtener ayuda. La crisis es tal en el SIPROSA que la cadena de mando se encuentra rota, destruida y sumida en la anarquía", destacó la secretaria adjunta del SITAS (núcleo gremial de los médicos disidentes), Adriana Bueno.
La profesional del sur adujo que "los directores no obstruyen ni tampoco deben facilitar el diálogo, porque ellos son funcionarios del propio Gobierno, son sus voceros, cuando este es un conflicto directamente entre el Ejecutivo y el SITAS, los directores no son nuestros representantes", clarificó.
Se difieren las renuncias
A su vez, en la mañana de ayer, jefes de áreas, servicios y departamentos de los hospitales se reunieron en el Centro de Salud con la idea de analizar la posibilidad de presentar las respectivas renuncias a sus funciones, sin embargo, luego de algunas opiniones encontradas, se decidió que en la semana entrante se publicará una solicitada en medios de comunicación nacionales donde se consignarán los detalles del conflicto para interiorizar del mismo a la presidente Cristina Fernández como una forma de presión a la gestión alperovista.
Yedlin se refirió a este tópico al resaltar que "hasta ahora tenemos la presentación de renuncias, cerca de 38, de algunos jefes de servicio del hospital Padilla y estamos evaluando la situación de cuáles son indeclinables. Esto tiene que ver con un llamado de atención de los jefes de servicio con el objetivo de abrir posibilidades de diálogo. No creemos que acá se quiera abandonar el esfuerzo que viene realizando todo el sistema en pos de la salud pública de la provincia, no queremos buscar enfrentamientos".
Investigarán posible incumplimiento en la aplicación de planes federales de Salud
El conflicto de la sanidad vuelve a tomar ribetes que lo emparentan con situaciones que demandan la intervención de la Justicia. En esta ocasión, el Fiscal Federal, Gustavo Gómez, comenzará a analizar la posibilidad de un incumplimiento en la aplicación a nivel provincial de Programas Nacionales sanitarios.
Gómez indicó que avanzará en una investigación de oficio impulsada por un particular quien le manifestó posibles déficit en la entrega de insulina perteneciente al plan de protección de diabetes, la provisión de leche en los diversos CAPS locales, como así también problemáticas surgidas en la entrega de medicamentos contra la tuberculosis y en razón del plan nacional de protección de sífilis.
Por este motivo, el fiscal se dirigió a la carpa de los Autoconvocados para informarles sobre la situación acaecida y, de acuerdo a sus conceptos, recibió el apoyo galeno para entregarle todo el material que sirva como prueba para entablar la respectiva investigación.
"Más allá del conflicto sanitario, nunca imaginé que los planes federales estuvieran suspendidos o no se los aplicara. Tengo que investigar el grado de responsabilidad que tienen los funcionarios públicos o las personas encargadas de cumplir con estos planes", señaló Gómez. Además, resaltó que hasta el momento no tiene pensado requerir una audiencia o citación al ministro Pablo Yedlin.
En tanto, Roberto Adolfo Pérez (vecino del bario Hipólito Yrigoyen), la persona que demandó la intervención de Gómez, denunció "la obstrucción del Poder Ejecutivo provincial contra el sistema de salud, pedí que se investigue la entrega de dinero federales y su distribución al SIPROSA y se informe sobre las condiciones de los CAPS", adujo.
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