La operadora del servicio eléctrico de la provincia, EDECAT S.A., comenzó a distribuir las boletas con los nuevos valores tarifarios, producto del aumento que el ENRE la autorizó a aplicar desde enero para actualizar sus costos operativos.

Por la modificación tarifaria, el 90 por ciento de los usuarios, que corresponde a clientes residenciales (familias), con un consumo de entre 400 y 800 Kw bimestrales, tendrá una factura que arrancará en los 78 pesos y puede llegar a los 131, dependiendo de la cantidad de aparatos eléctricos que tenga la vivienda.

Quienes superen ese rango y gasten, por ejemplo, 1.200 Kw por bimestre, deberán desembolsar 243 pesos. Éste es el caso de quienes tienen varios equipos de aire acondicionado, además de los electrodomésticos más comunes en cualquier hogar, y no se controlan en el consumo.

Los nuevos valores surgen de la recomposición de costos que la firma realizó desde del mes pasado, luego del visto bueno del organismo de contralor.

EDECAT había argumentado el progresivo incremento de los gastos para el mantenimiento de la prestación (como insumos, materiales, combustible, salarios), por lo que pidió al ENRE un ajuste tarifario.

En este marco, presentó una propuesta que implicaba fuertes recargos: 70% para los usuarios comunes, 90% para los comercios, y para demandas más altas, el 140%.

Una consultora contratada por el organismo, sin embargo, sugirió importes mucho menores: 30% para los domicilios, 20% para los comercios, 20% para las medianas demandas y 5% para las industrias. Son los porcentajes que finalmente decidió el ENRE autorizar como recargo.

Desde la firma dijeron que los nuevos valores tarifarios están vigentes a partir del primer día del año, y que comenzaron a distribuirse en la cuarta remesa. Esto significa que las boletas que están entregando desde la última semana de enero, ya contienen los aumentos. Sin embargo, los vencimientos recién operarían en marzo.

El pedido de la firma buscó reducir el fuerte déficit que arrastra, el cual le imposibilitó hacer frente a distintos compromisos. Por esa causa, el Gobierno tuvo que hacer desembolsos millonarios para asegurar la continuidad de la prestación.