Continúa en La Matanza la mesa de trabajo transversal entre organismos y asociaciones civiles para dar cumplimiento a la Ley Brisa, que busca una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio.

La Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad local, encabezada por Liliana Hendel, fue la impulsora de la Mesa de Ley Brisa, de la cual también forman parte la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), la Defensoría, el Servicio Local y la asociación civil Atravesados por los Femicidios.

A fin de ampliar derechos, ubicar a niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de los femicidios de sus madres, intercambiar información para agilizar el circuito de la tramitación, realizar un seguimiento de cada situación particular y compartir experiencias, la Secretaría promovió el trabajo transversal entre organismos y asociaciones civiles.

“La Ley Brisa es una herramienta fundamental para que el Estado se haga presente y asuma su responsabilidad frente a los femicidios. Brinda un marco estratégico para el abordaje integral de las consecuencias que genera el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer”, afirmó la coordinadora del Área de Acceso a Derechos de la Secretaría, Cecilia Turquet.

Y advirtió: “Las hijas e hijos víctimas colaterales de femicidios vivencian la orfandad emocional y el impacto traumático que modifica por completo sus vidas y si no hay una intervención integral del Estado, el desorden, desamparo, riesgo y vulnerabilidad puede perpetuarse hasta la vida adulta”.

En este marco destacó que su implementación “es una política de reparación y protección” a quienes sufrieron la máxima expresión de las violencias de género.

Pioneros

Turquet señaló que “a fin de protocolizar acciones y generar criterios comunes, en septiembre de 2020, la Secretaría convocó a la creación de la Mesa Ley Brisa, integrada por las instituciones que intervienen en la gestión y acceso a la reparación”.

Con orgullo, resaltó que “es la única mesa de trabajo sobre la Ley Brisa con estas características a nivel nacional”.

“Participar de la Mesa es un aprendizaje constante para cada integrante. El compromiso ideológico feminista y de protección de los derechos de niñas y niños nos impulsa frente a la complejidad de cada institución para encontrar colectivamente la posibilidad de hacer efectivo el derecho y acceso a la dicha Ley”.

Acompañamiento

Marilina Villarejo integra la Secretaría como una de las personas autoconvocadas que ayudaron a la familia de Brisa y una de las impulsoras del proyecto de ley.

“La Ley Brisa nace traccionada por el amor, como contracara del horror. Brisa representa a todas las niñas y niños que perdieron a su mamá por femicidio. Y entonces el Estado, que no estuvo cuando lo necesitaban, viene a enmendar su error para que puedan seguir con su vida sin que les falte el abrigo ni el alimento”, manifestó.

En este sentido aclaró que “no repara la ausencia pero acompaña y les permite prepararse para el futuro, sin violencia, con oportunidades”.

Los equipos técnicos y civiles que integran la Mesa se reúne mensualmente y generan incidencia. Recientemente tuvieron un encuentro virtual con la Secretaría de Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de Cañuelas, con quienes compartieron la experiencia que se viene desarrollando en el territorio matancero.

Villarejo sostuvo que “la Ley Brisa otorga derechos y da oportunidades; por eso, esperamos que este modelo de mesa de discusión que hoy se trabaja en La Matanza se replique en todo el país”.

Ley Brisa

La Ley N° 27.452 de Reparación Económica a Niñas, Niños y Adolescentes hasta los 21 años y personas con discapacidad sin límite de edad (RENNYA) cuya madre, progenitor/a o progenitor/a afines hayan sido víctimas de femicidios y homicidios derivados de violencia de género o violencia intrafamiliar establece el derecho a percibir una reparación económica equivalente a un haber jubilatorio mínimo y cobertura de salud pública.

La norma es conocida como Ley Brisa, dado el nombre de una niña que sufrió junto a sus hermanos mellizos el asesinato de su madre por violencia machista. Fue propuesta por una red de ayuda que se tejió en torno a la familia, integrada por personas autoconvocadas por las redes sociales y luego la tomaron organizaciones no gubernamentales y partidos políticos.

El proyecto fue aprobado por el Congreso nacional en 2018 y votado por el intendente Fernando Espinoza cuando cumplía su mandato como diputado nacional.