El Frente Renovador condicionó ayer su apoyo al presupuesto y la ley impositiva propuestos por la gobernadora María Eugenia Vidal a una serie de modificaciones que se resumen en dos conceptos básicos: una reducción del nivel de endeudamiento y descentralización de recursos a los municipios.

La posición del Frente Renovador de acompañar con condiciones al Ejecutivo provincial llegó cuatro días después de una nueva reunión entre Vidal y Sergio Massa, el jueves último.

Las negociaciones incluyen además el reparto de cargos como la presidencia y la presidencia primera de la Cámara de Diputados, cargos en el Tribunal de Cuentas y en la Defensoría del Pueblo. Por ahora no se oficializó el acuerdo.

En lo que respecta a los cambios exigidos por el Frente Renovador, la lupa está en la autorización para tomar deuda: no hay objeciones en la masa de 60.000 millones de pesos requerida para financiar déficit y amortización de deuda.

En cambio, se pidió reducir el endeudamiento de 8000 millones pedido "con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y programas sociales o de inversión actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar en 2017".

Además, se solicitó al Poder Ejecutivo que se comprometa por escrito a utilizar otros 13.000 millones solicitados para entregar a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco Provincia a "capitalizar las utilidades en el ejercicio económico".

La lista de requisitos prevé además incluir en el proyecto de presupuesto acentuar la descentralización tributaria con los municipios, avanzar en mecanismos similares a los dispuestos por la ley de responsabilidad fiscal entre la Nación y las provincias, en la relación entre la provincia y los municipios.

En cuanto a la ley impositiva, se sugirió incorporar un apartado para que lo recaudado por las embarcaciones deportivas se descentralice en un 50 por ciento entre los municipios, reducir a cinco años la descentralización del impuesto a los automotores y crear un arancel de ingreso de 20 pesos por persona que cobren los bingos para destinar esos recursos a la lucha contra la ludopatía.