En los últimos días, los canales de televisión y las radios de la Argentina, muchos se han encargado de poner de relieve qué poco sabíamos los argentinos acerca de cuál era la razón por la que el 24 de marzo es un día no laborable.

A pesar de todo eso, en la Plaza de Mayo se reunieron más de 40 mil personas para expresar su compromiso con la verdad y la justicia. En Facebook, miles de cibernautas cambiaron sus fotos por una silueta para solidarizarse con aquellos que los asesinos hicieron "desaparecer".

Han pasado 34 años desde el instante en que se instaló en la Argentina la más feroz dictadura que hayamos conocido. Con su arribo, el Estado se volvió terrorista. En su paso, no sólo se quebraron todas las instituciones de la república. También quedaron truncas las vidas de miles de hombres y mujeres, algunos torturados y muertos, otros desaparecidos de la faz de la tierra. Hubo también niños que, sustraídos a padres capturados por los dictadores, fueron privados de su identidad y recreados como parte de las familias apropiadoras.

Antes de dejar el poder, los militares intentaron dictar ellos mismos una amnistía que los beneficiara y los volviera impunes. No pudieron lograrlo porque, reinstaurada la democracia, la maniobra quedó trunca. El gobierno de Raúl Alfonsín inició la investigación de aquellos fatídicos días sentando en el banquillo de los acusados a los miembros de las juntas militares que gobernaron el país en aquellos años. Aun así, una democracia incipiente y muy débil limitó ese juzgamiento a la máxima jerarquía del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Después, prefirió dictar las llamadas leyes de "obediencia debida" y de "punto final", normas que acabaron por encubrir auténticas amnistías a favor de los militares acusados.

Tiempo después, cuando la Argentina era presidida por Carlos Menem, una serie de indultos presidenciales benefició a muchos genocidas que comenzaban a ser procesados por la acción judicial y a los pocos militares que para entonces ya habían sido condenados. De ese modo, la idea de la impunidad parecía seguir perfeccionándose entre nosotros.

Cuando todo parecía encaminarse en favor de los genocidas, Néstor Kirchner impulsó la declaración legislativa de nulidad de aquellas leyes y posibilitó el enjuiciamiento de todos ellos. La Justicia, a su vez, anuló los indultos dictados por el menemismo. Cristina Fernández de Kirchner no alteró esa política y es así como hoy muchos violadores de derechos humanos se encuentran sometidos a proceso y muchos otros ya han sido condenados.

El relato sirve para observar cuánto ha costado a la democracia argentina encaminar la investigación de los hechos ocurridos en nuestros años de plomo y cuán difícil ha sido condenar a los autores materiales de sucesos tan aberrantes. Es útil recordarlo cuando acabamos de pasar un nuevo aniversario de aquel oscuro 24 de marzo y, queriendo olvidar lo que nos pasó, se alzan voces reclamando otro manto de "clemencia" a favor de los que torturaron, mataron y se apropiaron de niños.

Antes de llegar a este presente, la Argentina pretendió vanamente alcanzar otras salidas. Intentó el perdón y también el olvido. Buscó el perdón cuando disculpó con el argumento de la "obediencia debida" a los supuestos subordinados de los jerarcas militares. Buscó el olvido, cuando creyó encontrar en el transcurso del tiempo un punto final que frenara la persecución del Estado a los acusados.

Pero ni el perdón ni el olvido han servido para que los argentinos encontremos la paz y la convivencia armónica. Contrariamente, fue la percepción de la impunidad lo que más inquietó el espíritu social. La idea de soportar que la vida transcurriera mientras cotidianamente nos cruzábamos con los mismos que en otros tiempos apuntaron y dispararon contra nosotros operó en el imaginario público como algo intolerable.

Las mismas fuerzas armadas se mostraron incapaces de amalgamarse con el resto del cuerpo social mientras el terrorismo de Estado no fue sancionado. No lograron encontrar ni en el perdón ni en el olvido una salida institucional honorable que les facilitara conciliarse con el resto de la ciudadanía. Al fin de cuentas, ante esas escapatorias, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea quedaban condenados a soportar la eterna sospecha social que deben cargar las instituciones cuando prefieren confundirse con los actos de sus hombres.

Si de algo debemos estar orgullosos los argentinos, es de que hechos tan dantescos como los que se sucedieron no sólo no quedaron impunes sino que además terminaron siendo sometidos al criterio de los jueces naturales. No han existido ni procedimientos de excepción ni se han instituido tribunales especiales.

Inexplicablemente, cuando estamos recuperando la paz social a partir de la justicia, vuelven a escucharse voces que cuestionan estos juicios y reclaman, una vez más, el perdón y el olvido.

Algunos dicen que no puede someterse a los responsables de haber violado sistemáticamente derechos humanos a tantos años de proceso. Dejan de lado que estos juicios cobraron fuerza recién después de que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final. Callan maliciosamente también que seis años no parece un tiempo desmedido cuando se habla de juicios que damnifican a miles de personas y en los que se ventilan hechos ocurridos hace más de tres décadas.

Otros, fundando su parecer en esa mora judicial, han planteado últimamente promover una consulta popular para establecer la conveniencia de proseguir con esos juicios. ¿Qué es lo que están promoviendo? ¿Pretenden preguntar a los argentinos si estamos de acuerdo con que se aplique la ley? ¿Intentan reinstalar en la sociedad la idea del olvido y del perdón de semejantes hechos?

A esta altura de los acontecimientos, sería inconcebible que una decisión política frustre la búsqueda de la verdad, la determinación de responsabilidades y la imposición de sanciones para quienes resulten culpables. Si lo hiciéramos estaríamos retrocediendo como sociedad pues corroboraríamos que, como otras tantas veces en nuestra historia reciente, en nuestro país no existen méritos ni castigos y que, para quien delinque, la excepción parece ser la condena y la impunidad ser la regla.

También se han levantado voces reclamando poner fin a la "sobreactuación" del Estado en la persecución de los genocidas. No advierten la importancia de hacerlo para impregnar en la conciencia pública la nunca suficientemente difundida idea del "nunca más". Nadie se animaría a decir que la comunidad judía "sobreactúa" dejando en evidencia los estragos del Holocausto. Nadie se animaría a hablar de intencionalidad política en los armenios que aún hoy exhiben su lucha buscando justicia ante el genocidio que su pueblo padeció un siglo atrás. ¿Por qué se animan a hacerlo ante el genocidio argentino?

Después de más de tres décadas, los argentinos debemos seguir exigiendo que la Justicia indague un tiempo signado por la muerte y establezca cuáles fueron las responsabilidades que tuvieron quienes por asalto gobernaron el país en esos años. Así debemos hacerlo para que puedan descansar en paz los que ya no están, para que la inmensa lucha de las Madres y Abuelas desposeídas de sus hijos y nietos no haya sido en vano, para que nuestras conciencias se calmen y, por sobre todo, para que nuestros hijos crezcan seguros de que un nuevo genocidio no será posible.