¿Martínez vuelve al Concejo?

¿Martínez vuelve al Concejo?
Con incertidumbre, el bloque de concejales de Unión por Córdoba espera qué desenlace tendrá en los próximos días la situación de la ex edil Claudia Martínez, actual secretaria de Transporte de la Provincia. La funcionaria le presentó la renuncia al gobernador José Manuel de la Sota antes de que partiera a la gira comercial en China, por lo que se espera que a su regreso haya novedades.
Martínez ocupa la Secretaría desde mayo pasado cuando el mandatario la designó tras la salida de Dante Heredia del Ministerio de Transporte, en medio de un escándalo por presuntos hechos de corrupción. Según trascendió, la actual funcionaria no se siente cómoda ya que no puede hacer pie en la repartición donde quedó el personal que responde políticamente a Heredia. Y por eso quiere retornar a su banca en el Concejo, lugar que hoy es ocupado por el peronista Guillermo Kraisman quien, a su vez, no quiere saber nada con volver a la secretaría del bloque.

Envidias gremiales

Sus homólogos de otros gremios aseguran que son “los beneficios de la alineación K”, pero en el seno del Surrbac afirman que las mejoras en los servicios para los afiliados son producto “de la buena administración y las buenas decisiones” del secretario general, Mauricio Saillén. Lo cierto es que un grupo de sindicalistas destacó la semana pasada que el gremio de los recolectores de residuos ha incorporado, además de farmacia sindical, consultorios médicos y venta de electrodomésticos, al estilo de una mutual sindical típica de los gremios considerados “grandes”. “Pertenecer tiene sus beneficios”, ironizó un dirigente, en obvia alusión la proximidad de Saillén con el Gobierno nacional.

Dos hermanas, distintas posturas

Una de las primeras designaciones que hizo Alejandra Monteoliva apenas asumió la titularidad del ministerio de Seguridad, fue la de su prima hermana, Ana María Rigalt, como asesora. Rigalt, que según aseguran hasta hace poco se dedicaba a hacer manualidades, integra ahora la cartera de Seguridad desde donde la ministra pretende devolver la confianza en la Policía a los cordobeses, aunque negando el «narcoescándalo». Lo cierto es que esa designación hizo ruido en El Panal donde se sabe que, desde hace tiempo, la hermana de Ana María, Ceclilia Rigalt, trabaja con el legislador Aurelio García Elorrio e, incluso, fue candidata a diputada en la lista de Encuentro Vecinal. “Es paradójico, porque mientras una asume el discurso oficialista de minimizar el escándalo en Córdoba, la otra acompaña y trabaja para uno de los primeros hombres que denunció la trama del narcotráfico en Córdoba y la complicidad con el poder político”, dijo una fuente desde la sede de Gobierno.

Busso por Chayep

Entre los rumores de cambio de gabinete que haría el gobernador José Manuel de la Sota después del 10 de diciembre, suena cada vez con mayor fuerza que el actual legislador y titular de la bancada de Unión por Córdoba, Sergio Busso, desembarcará en el Ministerio de Justicia. Es más, hay quienes ya aseguran que la actual titular de esa dependencia, Graciela Chayep, ya se despidió y prepara su salida para fin de año.

Enojo radical

Pasadas las elecciones legislativas y tras la mejora de la performance de la UCR en la Capital cordobesa, la semana pasada el intendente Ramón Mestre convocó a toda la planta política que integra su gobierno a una reunión en un club de barrio Jardín. ¿La razón? La cantidad de funcionarios que no fue a votar el pasado 27 de octubre y el alto porcentaje que aún no está afiliado al radicalismo. Según trascendió, cuando se conoció esta situación, se generó un fuerte malestar dentro del propio mestrismo, donde comenzaron los reproches de la dirigencia política que milita en el partido hacia quienes ocupan altos cargos. Lo cierto es que, sobre la marcha del propio acto y para evitar enfrentamiento entre los distintos sectores, se cambió el eje de la convocatoria y se terminó hablando sobre la posibilidad de que Mestre intente pelear por la gobernación en 2015.

No escucharon a De la Sota

“No voy a hablar”, fueron las únicas palabras del jefe de la Policía, comisario general César Almada, ante la requisitoria periodística el pasado sábado, luego del acto central por el Día de la Policía. Durante su discurso había admitido el momento crítico por el que pasa actualmente la fuerza en medio del “narcoescándalo”, que derivó en la imputación de 12 policías, nueve de los cuales están detenidos. La negativa de Almada a responder preguntas, al igual que lo hizo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, contradijo lo que el jueves pasado el propio gobernador José Manuel de la Sota sostuvo en diálogo telefónico, desde China, con el periodista Jorge Lanata en la porteña Radio Mitre cuando le preguntaron sobre el “narcoescándalo”. En esa oportunidad, el mandatario provincial comentó que el jefe de la Policía cordobés estaba abierto a colaborar con la Justicia y a hablar con la prensa sobre esta delicada situación. ¿Será que Almada no escuchó a su jefe político?

“Caserio sería perjudicial”

La posibilidad, no desmentida, de que el diputado electo de Unión por Córdoba Carlos Caserio desembarque como interventor en el Epec puso en estado de alerta al gremio de Luz y Fuerza, desde donde ya hicieron llegar su oposición a la designación. “El gremio considera que sería muy perjudicial la llegada de Caserio a la Epec”, indicó un dirigente histórico a este diario. El asesor de la Gobernación con rango de ministro no tendría obstáculos formales para llegar, ya que está vigente la reforma del estatuto de la empresa, que eliminó la obligación de que los directivos posean títulos universitarios. “Por ese lado, Caserio no tendría objeción, y además, seguramente vendría como interventor”, supuso la fuente, quien aseguró que en Luz y Fuerza el pensamiento coincidente es que “Epec está en una etapa en la que necesita cuadros técnicos muy formados y entrenados en materia energética”. Por fuera de eso, afirmó el dirigente, habrá cuestionamientos gremiales.

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