Hay algo más desgraciado que subirse al tren para tener que retorcerse como si el cuerpo fuera de plastilina y verse obligado a pelear con este y con aquel por centímetros de comodidad entre la incomodidad –disputar incluso el aire–, todo en camino al yugo o a esa facultad cuyas credenciales podrán, quizá, procurar otro futuro? Morir en el tren, ese que teóricamente debería recorrer en 52 minutos los 36 kilómetros que separan Moreno, al oeste del conurbano, de Once. Morir en el Sarmiento, de eso se trata esta desdicha, que siempre puede profundizarse, como una espiral inverosímil, mediante declaraciones desafortunadas o desidia arropada de corrupción.

María Luján Rey nunca pensó –¿cómo lo iba a imaginar?– que a partir del 22 de febrero de 2012 iba a tener que elegir entre encerrarse en su casa de San Antonio de Padua a llorar ad infinitum a ese hijo desaparecido casi tres días, luego de que el Chapa 16 colisionara contra el parachoques en desuso del andén 2 de la estación cabecera, o ser artífice de la lucha colectiva que busca, lejos de la utopía, una sociedad más justa. Es que para los familiares de la tragedia no hay lugar para lo inalcanzable. Ella, que nació y vivió toda su vida en esa localidad de Merlo, que ya había elegido ser mamá y profesora de Geografía, tuvo que volver a elegir cuando perdió a Lucas Menghini Rey, de 20 años. Desde ese momento, dice, no da clases ningún 22. Y chequea si alguno de los más de 5.600 seguidores suyos en Twitter comenta algo sobre el juicio a Ricardo Jaime.

Lo último que se sabe de la causa es que el Estado no podrá ser querellante en el juicio que tiene como acusados, precisamente, a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; al motorman Marcos Antonio Córdoba, y a los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano, de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). La pretensión del Gobierno nacional era llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero para los jueces la posibilidad de habilitar el rol de querellante al Estado, lo que le permitiría impulsar la causa y ofrecer medidas de prueba, sería contradictorio, ya que en el proceso con 29 imputados hay exfuncionarios acusados por la tragedia, además de la irregularidad en los subsidios que recibía la empresa.

Así las cosas, la causa está en etapa de juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que tiene previsto realizar el debate cuanto antes y, aunque aún no haya una fecha oficial, se prevé que esta instancia se lleve a cabo hacia fin de este año o bien a principios de 2014. El trasfondo del tiempo jurídico son las 52 personas fallecidas y los casi 800 heridos, sin considerar el devastador efecto multiplicador que este desastre supone: familias destruidas, en el corazón y en la olla.