Ya es de público conocimiento que la provincia de Corrientes renunció al juicio que encaró contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) por una deuda de unos 100 millones de pesos de ese organismo con el IPS (Instituto de Previsión Social). Y lo hizo pese a las reiteradas aclaraciones de no ceder. La evaluación del analista económico Mario Zvedeñuk es que ese litigio “estaba ganado” y se reculó por una nula capacidad de negociación del gobierno ante un estado de

necesidad económica.

Al comparar lo que sucede Santa Fe, el gobernador Hermes Binner sostiene la demanda judicial en La Corte, Corrientes tiene una situación casi de extrema necesidad económica y fuertemente endeudada.

“Es evidente que las provincias con menos capacidad negociadora –como el caso de Corrientes- son las que están fuertemente endeudadas y queda poco margen político. Entonces son dos puntos: por un lado a este gobierno le falta la capacidad negociadora y por otro lado se tiene una importante necesidad económica” analizó Zvedeñuk.

Que en inherente al mismo tema manifestó que no se sabe aún a ciencia cierta si se ganó o se perdió con ceder al litigio porque desde el gobierno provincial no se dieron mayores detalles aún de las condiciones del convenio que firmó Corrientes con Nación el 31 de agosto pasado.

Lo único cierto al día de hoy es que como no se instrumentaron

todos los pasos reglamentarios, la provincia sigue con retenciones de fondos.

Paso necesario por el cual se desató una polémica entre el oficialismo y la oposición en torno a si se debe sancionar una ley o sólo con un Decreto del gobernador es suficiente. Según el economista, el convenio no requiere de una norma, pero sí debe notificarse al Poder Legislativo.

La justificación de que no es necesario una Ley la basó Zvedeñuk en que el Programa Federal de Desendeudamiento rubricado no es mayor al existente, sino una reprogramación de las que ya tiene Corrientes con la Nación, “lo que cambia son las condiciones nada más” reseñó.

Para resumir con la expresión de que finalmente dependerá de la actitud que adquiera el Estado nacional, es decir si le exige o no una ley para instrumentar el programa y frenar las retenciones de recursos que se aplican a la coparticipación.