Con la Justicia en la mira por la resonancia mediática del caso Nissman y la guerra declarada entre el kirchnerismo y el denominado “Partido Judicial”, la actuación de los funcionarios judiciales quedó en la mira y en el centro de la opinión pública.
En ese marco, los debates en torno a la proclamada independencia de poderes están al a orden del día y el desenvolvimiento de magistrados en la ciudad de La Plata, capital bonaerense, no es la excepción.
Uno de los miembros de la Justicia lugareña es el Titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial La Plata Jorge Paolini, señalado por operadores judiciales como uno de los arietes de la impunidad en la Región.
Paolini "investigó" casos de corrupción que se inscribieron en la órbita provincial sin mayores resultados, tales como la denuncia por empleados ñoquis en el Astillero Río Santiago -se habló de más de 300 agentes con sueldos exorbitantes-, el presunto fraude contra el Estado por parte de funcionarios de segunda líneas de IOMA -detenidos y liberados en tiempo récord- y por desmanejos económicos en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.
Los aceitados vínculos políticos explican el crecimiento exponencial del joven fiscal, señalado como “un garantista del poder”: como se sabe en los corrillos de la Justicia local, es sobrino del ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. A pesar de ser epicentro administrativo bonaerense, las causas por casos de corrupción o delitos de función pública contra funcionarios del Ejecutivo son casi nulas.
El padre del fiscal es funcionario en la Suprema Corte bonaerense. Los hermanos trabajan en Casación bonaerense; un claro ejemplo de la denominada “familia judicial”. En los pasillos del fuero penal platense se conoce a esa fiscalía como de “sobreseimientos complejos”.
El reconocido Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, definió a mediados del 2014 que existe “un embudo en la Fiscalía de Delitos Complejos donde mueren las causas” y acusó a Paolini de “no promover ninguna investigación”.
Fue una de las pocas figuras públicas que aseguró en “on” lo que cuando se apagan los grabadores es moneda corriente en los principales despachos judiciales de la ciudad. Por pragmático y “garantista del poder provincial”, Paolini es mencionado por estas hora como “el Oyarbide de la Provincia”.
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