Por Raúl Kollmann

La justicia porteña, finalmente, reconoció que no es competente en la investigación de cómo se hizo el hackeo del celular de Marcelo D’Alessandro y le envió el expediente al juez federal Sebastián Ramos, que tiene la causa de la excursión de jueces, funcionarios y empresarios a Lago Escondido. En los dos lugares -la justicia porteña y el juzgado de Ramos- el PRO y D’Alessandro juegan de locales. 

La fiscal Daniela Dupuy es de la escudería porteña del macrismo en tanto Ramos aparece en las conversaciones hackeadas a D’Alessandro y queda claro que el ministro le suministraba un vehículo para que el juez lo use. La semana pasada, el fiscal federal Federico Delgado le sugirió al juez que se aparte de la causa “por razones de decoro”, porque quedó evidenciada su relación con D’Alessandro en la adjudicación del vehículo. Pero más grave que eso es que Ramos cerró en 24 horas otro expediente en el que se investigaban los diálogos entre D’Alessandro y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En realidad, todo lo que hizo la justicia desde que Página/12 reveló el viaje a Bariloche y Lago Escondido es asegurarse que la investigación pase a Comodoro Py y, por supuesto, empantanar el expediente. Se verifica nuevamente la máxima que rige en el edificio de Retiro: “Toda causa que va contra CFK o el kirchnerismo avanza a todo ritmo; toda causa en que se investiga al macrismo pasa al freezer”.

El escrito de la jueza María Araceli Martínez pinta mucho el cuadro porque la magistrada le dice a la fiscal Dupuy que ella ya había alertado que la causa no correspondía al fuero porteño dado que se trataba de interrupción de comunicaciones -un delito federal- y que los hackeados eran jueces y funcionarios públicos. Martínez alega que había que tomar medidas urgentes y que por eso ella aceptó los pedidos de la fiscal para hacerlas. Lo insólito es que el expediente se inició el 7 de noviembre de 2022, es decir que se tomó nada menos que seis meses para concretar las medidas supuestamente urgentes. La verdad de esta cuestión es que el aparato encabezado por D’Alessandro quiso retener la investigación para ver si podía adjudicarle la responsabilidad de los hackeos al peronismo.

El hackeo al celular de D'Alessandro

El punto que queda claro es que quien le sacó el control del celular a D’Alessandro es un joven misionero, Ezequiel Nuñez Pinheiro. Desde El Dorado, Misiones, el muchacho se dedicaba a eso y lo hizo en 72 ocasiones, de acuerdo a lo que cuenta la jueza. El encargo se lo hizo una persona con nombre falso desde una cuenta de Telegram y el pago se hizo con crytomoneda. 

Nuñez Pinheiro, asistido por los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, admitió los hechos, pero dijo que él sólo tomaba control de la línea, no ingresaba al contenido. Eso lo hacía el desconocido que pagaba la maniobra a razón de 12.000 a 15.000 pesos por “objetivo”, o sea teléfono “intervenido”. Nuñes Pinheiro pidió ser tomado como arrepentido, pero no porque tuviera más información sino porque puede colaborar en detectar al autor intelectual del hackeo.

Es que del texto de 16 páginas de la jueza Martínez surge que no se logró establecer quién encargó las maniobras de espionaje ilegal. Alguno podrá sospechar que no se quiere avanzar en ese terreno porque todo indica que las jugadas fueron parte de la interna macrista. Está comprobado que esa corriente es la que usó estos métodos en los últimos 20 años.

¿Hay más chats?

Más allá del delito delimitado por la jueza Martínez –interrupción de comunicaciones- lo que se está tapando es lo que surgió de los chats: un viaje a Lago Escondido, pagado por el grupo Clarín, el delito de dádivas, relación espuria con un operador de la Corte, bolsas de dinero, vehículos cedidos a jueces, armado de pruebas falsas. 

Pero el caso tiene todavía enormes interrogantes. Nuñes Pinheiro entró a 72 líneas, entre ellas de numerosos jueces y funcionarios. ¿Quedan chats por revelar?¿Aparecerán cuando las internas se hagan más calientes?¿Aparecerán más cerca de las elecciones? Eso se verá en los tres meses y medio que faltan para las PASO y en el tramo posterior a las elecciones generales.