Advirtió manejos poco claros con un faltante de $2,5 millones, la desactivación del Tribunal de Cuentas, entre otros aspectos que derivaron en una votación aplastante del Concejo Deliberante a favor de que se cumplimenten los pasos establecidos en la Carta Magna para brindar claridad de gestión a la ciudadanía.

La "tormenta de Santa Rosa" esperó a noviembre para llegar. Fue con la suspensión de Marcelo Otazo y Juan José Encinas, como intendente y vice, respectivamente, luego de una contundente definición en el Concejo Deliberante, con mayoría calificada. Paso seguido juró como Jefe comunal a cargo, el titular del cuerpo parlamentario municipal, Pedro Maidana, quien ayer dejó en claro que el proceso de enjuiciamiento continuará.

La aseveración del referente justicialista tuvo directa relación con la advertencia de Otazo de ayer, respecto a la judicialización de su situación (ver nota aparte). Esta maniobra fue señalada este martes (tras la sesión que lo suspendió) por el concejal, Eduardo López, quien indicó a EL LIBERTADOR que la estrategia de judicializar el asunto no los sorprendería. "Confiamos en que la Justicia se apartará del hecho, debido a que se trata de un proceso institucional contemplado en la Carta Magna de Santa Rosa", resaltó el edil.

Con este escenario, Maidana lejos estuvo de amilanarse y ocupó su jornada de miércoles para la conformación de su Gabinete.

El Intendente a cargo hizo hincapié en la procedencia de lo actuado por el Concejo Deliberante. "La Comisión de Instrucción presentó un informe que fue sometido a votación, y tuvo cinco votos a favor y uno en contra, por lo que se inició juicio político", indicó para destacar la mayoría calificada obtenida. Y dejó en claro que el único voto en contra fue del hermano del ahora ex Jefe comunal, "que asumió la semana pasada como edil".

Maidana, con contundente calma aclaró que el enjuiciamiento no surgió por arte de magia, sino que fue por varios motivos con el manejo de los fondos municipales lo que llevó a la suspensión. "En el informe elevado, la Comisión encontró motivos para que se lleve a juicio político, algunos de los cuales son la emisión de cheques diferidos, boletas con problemas en la Afip, mucha ayuda social sin fundamentarse, incumplimiento de los requisitos administrativos, entre otros".

Puso especial énfasis en que el Ejecutivo suspendido "presentó boletas sin respaldo, donde se remitieron ingresos por 10 millones de pesos, de los cuales, cerca de 2.500.000 pesos no se justificaron". Y advirtió: "El Municipio estaba trabajando sin Tribunal de Cuentas, por lo cual nadie controlaba los gastos".