El acuerdo que significa un perdón impositivo de 2400 millones fue publicado en el Boletín Oficial. Una jueza lo había frenado.
Como se esperaba, Macri no hizo caso a los legisladores de Unen que le pidieron que vetara la ley y que no la promulgara “de hecho”, como finalmente ocurrió.
En el Boletín Oficial aparece publicada la polémica cláusula 3.2. de la addenda al convenio que fue firmado originalmente en 2003. Esa cláusula es la que prohíbe a la Ciudad el cobro de impuestos a Cristóbal y fue anulada por un fallo de la jueza porteña Elena Liberatori.
Como anticipó LPO, el gobierno de Macri apeló el fallo de Liberatori por medio del Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, que antes de la aprobación del convenio había firmado un dictamen en el que establecía que la Legislatura debía realizar el procedimiento de doble lectura con audiencia pública para sancionar el convenio, lo que finalmente no sucedió.



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