Bajo su órbita están los fiscales y los defensores, una suerte de contradicción al momento de dar instrucciones; pero como en poco tiempo se designará al defensor general (la terna está integrada por Eduardo Luis Aguirre, José Mario Aguerrido y Andrés Nicolás Zulaica), que estará al frente de las defensorías, Bongianino sólo le bajará línea a los fiscales.

El cronista lo primero que le pide al funcionario que lo convenza que con el nuevo código los procesos serán más rápidos. El funcionario prefiere evitar un sí o un no. "Esa no es necesariamente la respuesta buscada. Acá lo más importante es que la justicia penal se adaptó al sistema democrático. No por nada al sistema anterior se lo llamaba inquisidor, porque el mismo juez que instruía la causa terminaba procesando al imputado. Para darse cuenta de ese cambio sólo hay que recordar que el código viejo nunca fue modificado y hasta se mantuvo vigente durante la dictadura", expresó el procurador.

"Lo que hace esta reforma es adecuarlo el procedimiento penal al estado de derecho y asegurar la imparcialidad del juzgador. Es un avance democrático muy profundo porque el fiscal buscará indicios y llevará las pruebas al juicio, y el juez -sin haber tenido un contacto anterior con el proceso- resolverá si el imputado es culpable o inocente", agregó.

- ¿Pero habrá más agilidad o las causas seguirán demorándose años? Porque el código viejo le daba a los jueces cuatro meses para instruir una causa, pero en la práctica esos tiempos no se respetaban.

- Es cierto. Mi respuesta es que los tiempos dependerán de los operadores del sistema. En teoría, los plazos procesales deberían acelerarse porque ahora son más acotados y porque el sistema acusatorio tiene como impronta la oralidad y la informalidad. Además el fiscal general (Guillermo Sancho) controlará el plazo de las investigaciones, que será de 90 días con una prórroga por el mismo tiempo.

Lo que falta.

Bongianino aceptó que su entusiasmo choca con la falta de recursos. "Por ejemplo, el código prevé la creación de una Oficina de Atención a la Víctima, pero no se podrá abrir porque no hay ni un cargo ni presupuesto. Yo podría designar a un algún empleado más o menos idóneo y abrirla, pero no tiene sentido porque lo que se necesitan son asistentes sociales y psicólogos. Ahí se creó una expectativa que no se puede cumplir; más aún porque la víctima tendrá un rol protagónico en el nuevo sistema".

Otra deuda es la falta de jerarquización de los fiscales. "No hubo una equiparación (salarial) con los jueces a pesar de que tendrán el doble de responsabilidad y que deberán trabajar paralelamente con los dos códigos", ya que habrá tres años para que se terminen de tramitar los expedientes abiertos hasta hoy. "Tampoco hay recursos para cumplir con otro aspecto importante del código que es el control de gestión permanente", acotó el procurador.

En el nuevo esquema los fiscales no reunirán pruebas sino evidencias durante la investigación preliminar y las pruebas recién deberán presentarlas en el juicio oral y público, a tal punto que allí será la primera vez en que las partes escucharán a los testigos. Previamente el fiscal sólo mantendrá una entrevista con ellos para saber si los ofrecerá o no en el juicio.

Una diferencia es que el mismo fiscal que investiga tiene que defender su caso en el juicio. Por eso Bongianino aclaró que los fiscales -como ocurre en las películas norteamericanas- serán muy cuidadosos. "A ninguno le gustará ir a juicio y que el imputado sea declarado inocente -remarcó-. Por eso se fijarán muy bien qué casos elevarán a juicio y cuáles no, ya que en los que no tenga evidencia suficiente tratará de acordar un juicio abreviado (NdeR: donde se negocia la pena) o de aplicar la probation (el imputado se compromete a reparar el daño y evita que le quede un antecedente penal)".

Otra modificación sustancial es que desaparecerá la figura del procesado. Ahora directamente el sospechoso irá a juicio si el fiscal cree que tiene evidencias contundentes. Ello, siempre en teoría, permitirá reducir tiempos porque las apelaciones de los defensores en la etapa inicial del proceso será muy restrictivas. Podrán apelar una detención o un allanamiento, pero pocos actos más.

¿Más novedades? Los partes policiales serán enviados por mail a la Unidad de Atención Primaria, la información estará centralizada en un único lugar (Oficina Unica del Ministerio Fiscal); los fiscales podrán detener personas y ordenar allanamientos, pero esos actos serán supervisados por un juez de control (Florencia Maza); se crearán la Unidad Fiscal de Delitos Complejos (a cargo de Sancho) y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública (fue designada la fiscal general subrogante Susana Alvarez).

Un detalle: los fiscales, que son los grandes protagonistas, todavía no tienen un vehículo para salir de urgencia al lugar de los hechos cuando se produzca un delito. "Y yo no puedo exigirles que concurran con sus autos particulares", sostuvo Bongianino.