El viernes fue el día más álgido en el conflicto que tiene como protagonistas al gremio de la UOCRA y a las empresas dedicadas a la ejecución de obra pública, Austral SA y Kank y Costilla SA, propiedad del empresario Lázaro Báez.

Fue el día en el que el gobierno de Alicia Kirchner salió con cuatro comunicados, uno detrás del otro, en los que pusieron en evidencia la tesitura política frente a un escenario de caos generalizado por los múltiples cortes de ruta.

Primero se pidió a Vialidad nacional que le desadjudique las obras que el empresario posee en Santa Cruz, luego se anunció que Vialidad Provincial también rescindía y más tarde, se dieron a conocer los pedidos a la ministra Patricia Bullrich para que se enviaran gendarmes que garanticen la libre circulación. El último anuncio, ya entrada la tarde, era aquel que dio cuentas del acuerdo de partes. Pero ¿Qué se acordó?

El jueves, el abogado Marcelo Saldivia,  apoderado de Austral y Kank y Costilla llevó a la Secretaria el Estado de Trabajo una carpeta con documentación respaldatoria para una oferta que el gremio rechazaría.

En la misma se ofrecía un plan de pagos de  haberes y liquidaciones finales adeudados al personal, en función de haberse hecho de los fondos gracias a que “luego de gestiones particulares realizadas en la ciudad de Buenos Aires donde (los dueños de la empresa), han logrado vender /yo comercializar los certificados de obra pendientes de pago, a los fines de afrontar el pago de liquidaciones finales del personal dado de baja el 1º de enero de 2016”

Los certificados que ingresó Báez al mercado financiero, corresponden a obras y empresas distintas, por lo tanto los desembolsos se harían en forma completa por zonas conforme fuera ingresando el dinero. En este punto, TiempoSur pudo conocer que el monto total fue de 72.997.890 millones de pesos.

Cuando la empresa decidió poner fin a la relación laboral con más de 1.500 obreros, puso a disposición de la Secretaría de Trabajo los certificados de obras de los que ahora se desprendió

La presentación de Austral Construcciones y Kank & Costilla, que se dio luego de una primera audiencia con el gremio a fines de diciembre, sintetizaba la actividad que llevaban adelante las empresas y ponía en evidencia la demora en los pagos y el no reconocimiento de mayores costos.

“El principal comitente ha sido la Administración General de Vialidad Provincial-Santa Cruz con el financiamiento de Vialidad Nacional. Con el transcurso del tiempo y el movimiento que se fue presentando determinó que tanto Austral Construcciones como Kank & Costilla circunscribieran su actividad a la ejecución de obras para Vialidad Provincial” rezaba el escrito.

Pero estas demoras comenzaron-según dijeron en Trabajo- en 2014, situación que se agravó en 2015 cuando Vialidad Nacional los notificó de que  “los certificados pendientes de pago por parte de este organismo originados en los contratos vigentes con este comitente se encuentran imposibilitados de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales. Esta situación deberá ser solucionada por el Ministerio de Economía mediante la habilitación de partidas presupuestarias extraordinarias” (Sic).

“Definitivamente, Vialidad Provincial es la dueña y la comitente de la obra y Vialidad Nacional es la que paga los certificados” esbozó en defensa el empresario en el marco de las erogaciones con el gremio, en las que no se dejó de lado que el  Decreto 0157 de reordenamiento económico dictado por Alicia Kirchner, ponía a Vialidad Provincial ante la necesidad de definir qué hacer con las obras.

“Tenemos obras iniciadas y otras que están por terminar, que hacen dos mil millones de pesos, y eso es movimiento en la economía local; porque los trabajadores cobran sus ingresos y los derraman en la economía del lugar”, explicó el miércoles la mandataria.

Es que más allá del Decreto provincial, una de las primeras medidas que tomó al frente del Gobierno, Kirchner insistió con la responsabilidad del poder central que no da aun signos de querer dar avance a las obras publicas en Santa Cruz.

“Fue el primer reclamo que le hice al presidente Mauricio Macri, y en las reuniones posteriores siempre hablé que se siguieran las obras públicas en nuestra provincia. El ministro Frigerio nos dijo que eso no se iba a interrumpir" expuso la Gobernadora. Sin embargo "hay un desentendimiento del Gobierno Nacional en esa temática” dijo, cuando también aclaró que la responsabilidad de Lázaro Báez sobre la situación de los trabajadores de su empresa es “total y absoluta”.

Vale recordar que los contratos de Vialidad con la empresa Austral Construcciones y Kank y Costilla fueron rescindidos por “incumplimientos” de los contratos y que, en el artículo 50 ley 13.064 puede darse cuando el contratista “proceda a la ejecución de las obras con lentitud” o cuando “abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes”, entre otros.

Finalmente, el acuerdo entre Báez y UOCRA establece que el pago está “supeditado a la restitución y devolución de la totalidad de los elementos, rodados, maquinarias y demás herramientas de trabajo que fueron hurtadas y/o robadas de los obradores por personal de la obra y agremiados en la filial Puerto Deseado”.