Según el medio gráfico Báez había pagado a los Kirchner alquileres millonarios por habitaciones en sus hostería “Las Dunas” y su hotel “Alto Calafate” a través de la empresa “Austral Construcciones”.

A través de su abogado, Juan Pablo Gregori, Báez presentó el pedido para que se investigara a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF) en el juzgado federal de Río Gallegos. Además se había solicitado que la justicia se expidiera para evitar publicaciones sobre sus actividades, pero esto generó un reclamo de distintas organizaciones de prensa.

En este sentido, mediante un escrito cuestionó a “ciertas empresas propietarias de medios de comunicación” por haber “malinterpretado el sentido de la presentación que efectué ante la Justicia”.

“No es un acto de censura acudir a los Tribunales”, aclaró el empresario al justificar su pedido de que se prohíba la publicación en medios de comunicación de información de sus empresas, y sostuvo que con esa acción pretende que los documentos de sus compañías no “continúen siendo manipulados y exhibidos públicamente de manera falaz”.

“Hago saber que no es mi intención ejercer acto de censura alguno”, sostuvo Báez en el comunicado. El empresario emitió la nota tras la seguidilla de críticas que recibió de distintos sectores, como legisladores, medios, entidades de prensa, constitucionalistas y hasta del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El comunicado

“Atento a que ciertas empresas propietarias de medios de comunicación han malinterpretado el sentido de la presentación que efectué ante la Justicia, alarmando y preocupando a la población con ideas falsas, hago saber que no es mi intención ejercer acto de censura alguno”.

“Por el contrario, esa petición tiene como finalidad evitar que los papeles privados reseñados en los artículos publicados los días 16 y 17 del corriente en el diario La Nación y aquellos otros que este diario dice tener en su poder, sólo para el supuesto de que hubieran sido obtenidos por medios ilícitos, continúen siendo manipulados y exhibidos públicamente de manera falaz. En ese caso, no es un acto de censura acudir a los Tribunales para solicitar el respeto de los derechos que la ley les reconoce a todos los habitantes de esta Nación. En cambio, si se demuestra la obtención lícita de tales papeles privados, no existe objeción alguna para que se efectúen todas las publicaciones que se deseen realizar”.

“Finalmente, reafirmo mi compromiso con el cabal respeto a la libertad de expresión y mi absoluta disposición a hacer las presentaciones y a brindar todas las explicaciones que correspondan, como hasta el presente lo he venido haciendo”.