La falta de "respuesta concreta", como suele decir Ricardo Endeiza, el Fiscal de Estado, ya preocupa al gobierno de San Luis. Es que la provincia solicitó el 30 de diciembre pasado a la Nación una retribución de $500 millones por lo que considera una injusticia: no le debe un centavo y tiene que soportar que la administración kirchnerista haya salido una vez más al auxilio de 17 provincias endeudadas, ignorando a aquellas que tienen disciplina fiscal y no gastan más de lo que les ingresa. Sin embargo hay sólo silencio del otro lado del mostrador, a pesar que el 10 de febrero el propio gobernador Claudio Poggi envió una segunda misiva para reforzar el pedido.

En Terrazas del Portezuelo tienen bien claro que con cartas llenas de buenas intenciones no van a conseguir ese dinero, aunque lo hayan solicitado en cinco cuotas mensuales de $100 millones a través de la moneda de cambio entre los estados, como son los Anticipos del Tesoro Nacional (ATN). "Nunca vi uno en mi vida", ironizó una semana atrás ante El Diario el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, para graficar el ninguneo al que somete la Nación a San Luis desde hace años.

Por eso, con suma cautela, la provincia comenzó a explorar otras formas de presión, aunque todo está "en fase de estudio", según el propio Endeiza. El Fiscal de Estado aseguró que por ahora seguirán intentando abrir canales de diálogo, apostar a la persuasión y las famosas reuniones "técnicas" que tanto le gustan al kirchnerismo para tirar la pelota hacia adelante sin dar respuestas.

Pero San Luis tiene una carta guardada que usará más adelante si siguen sin aparecer los $500 millones que le asisten por derecho y que vendrían muy bien, entre otras cosas, para paliar el aumento de sueldos del 30% que ya otorgó a la administración pública en general. Se trata de judicializar la medida, pero no abriendo una nueva causa, sino sumando el reclamo a una que ya está en marcha desde 2009 y que tiene un factor en común: la discriminación.

La provincia tiene una demanda por $1.118 millones por "discriminación en los presupuestos nacionales 2003-2009". Argumenta que en todos los ítems de gastos (Personal, Consumo, Servicios, Transferencias y Bienes de Uso) "San Luis percibió una asignación muy inferior al promedio de las ocho jurisdicciones comparables desde el punto de vista poblacional". El reclamo pasaría a engrosar esta causa, aunque por ahora todo está en potencial.