Aldo Guarino Arias es una persona de consulta permanente en Mendoza. Se trata de un abogado que es presentado como un especialista en derecho de agua en la provincia cuyana y que además integra la comisión de seguimiento de la Cuenca del Atuel que la legislatura de esa provincia formó cuando La Pampa anunció una nueva presentación judicial por el corte del río.

Pero Guarino Arias además se ha ocupado reiterademente de rebatir los argumentos expuestos desde La Pampa en sus reclamos por el río. Ahora, en una columna de opinión publicada por el diario Los Andes asegura que el reclamo pampeano ante la Corte Suprema de la Nación es “cosa juzgada”.

“Hoy se está pidiendo lo mismo que ya ha sido resuelto, pero con otro lenguaje”, señaló el jurista sobre las nuevas presentaciones. Además, cuestionó el uso que nuestra provincia pretende darle a las aguas del Atuel y del que hace de la cuenca del Colorado.

El abogado insiste, como sostienen en Mendoza, que el Atuel no es un río interprovincial a pesar de que el fallo de 1987 sí lo dice y la Corte lo repitió en la resolución de la semana pasada dentro de la causa promovida por los abogados pampeanos Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez.

Argumentos

En un extenso artículo, Guarino Arias sostiene que la Corte dejó establecido en su fallo de 1987 el uso exclusivo del río por parte de Mendoza al rechazar el pedido de La Pampa de que se cumpla con lo dispuesto en la resolución 50/49 de Agua y Energía Eléctrica.

¿Qué dice esa resolución? “Tras la inauguración del dique El Nihuil, correspondía adoptar los recaudos necesarios para asegurar la libre circulación de los caudales acumulados y su equitativa distribución y utilización en todo el curso del río y por ello disponía que de las descargas desde el embalse El Nihuil, un volumen equivalente al 2,5% del derrame anual del río, se destinará a bebida de poblaciones y ganado, regadío en la praderas naturales y alimentación de represas y lagunas en la zona noroeste de La Pampa”, explica Guarino Arias.

“La provincia de Mendoza nunca dio cumplimiento a esta resolución, oponiéndose bajo el argumento de que el río Atuel no era un río interprovincial y, por lo tanto, no tenía la obligación de garantizar ningún tipo de caudal en territorio pampeano”, indicó el abogado.

“Al hablar de recomposición fluvioambiental, lo que La Pampa pretende es liberar aguas del río Atuel para volver los bañados, lagunas y praderas naturales al estado anterior al supuesto daño ambiental provocado por el uso consuntivo para riego en la provincia de Mendoza luego de la construcción del embalse El Nihuil”, sugiere.

Pero a su vez, advierte que de esa forma “el actual reclamo de La Pampa es expresado con un lenguaje diferente pero que jurídicamente significa referirse a la misma realidad que ya fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Se trata de una cosa juzgada”, manifestó.

Preguntas

En el final de su artículo, Guarino Arias formula una serie de preguntas en modo retórico a parte de lo que él entiende como que “La Pampa ha sugerido una serie de preguntas a Mendoza sobre las aguas del Atuel”.

“¿Para qué quiere el agua en territorio pampeano? ¿Qué programa de uso racional tiene proyectado? ¿Por qué está cobrando 50% de las regalías de Los Nihuiles desde 1973 y no paga nada por las regalías de Casa de Piedra? ¿Por qué está utilizando aguas exclusivas de Mendoza para abastecimiento de población (acueducto Punta del agua – Santa Isabel)? ¿Qué usos consuntivos está realizando de las aguas de la cuenca del Colorado? ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las que se opone al trasvase de las aguas del río Grande (mendocino) al río Atuel?”, se preguntó.

Y aunque no responde ninguno de los interrogantes, sostuvo como cierre que “las respuestas quizás nos den una gran sorpresa”.