LONDRES.- El gobierno de David Cameron anunció ayer que indemnizó a un grupo de ex presos sospechosos de terrorismo que demandaron a las fuerzas de seguridad británicas por supuesta complicidad en las torturas que sufrieron, tanto en la prisión de Guantánamo como en otros centros de detención.
Según la cadena británica BBC, el gobierno habría pagado más de cinco millones de libras (unos ocho millones de dólares) en concepto de compensaciones. Fuentes jurídicas estimaron que en algunos de los casos la indemnización podría superar el millón de libras (1,6 millones de dólares).
Para el ministro de Justicia británico, Kenneth Clarke, el acuerdo extrajudicial con los abogados de 16 ex presos no implica "admisión de culpabilidad" por parte del gobierno. "La decisión ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación", señaló Clarke en su intervención de ayer ante la Cámara de los Comunes. Según la prensa británica, el gobierno ha accedido a realizar los pagos para evitar que en los juicios se divulguen documentos comprometedores.
Seis de los denunciantes -ciudadanos y residentes británicos- acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a la prisión de Guantánamo. Entre ellos se encuentra Binyam Mohamed, un ciudadano de origen etíope liberado a comienzos de 2009.
Según explicó el titular de Justicia, la alternativa al pago de compensaciones habría resultado en un proceso "largo y extremadamente caro", con un costo estimado de entre 30 y 50 millones de libras (48 y 80 millones de dólares). Clarke recordó que el gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas "se opone a la tortura y a la vejación de prisioneros o detenidos".
Los servicios de inteligencia británicos, MI5 y MI6, que han negado en todo momento haber sido cómplices o tolerado el empleo de la tortura, consideraron que el acuerdo anunciado ayer permitirá a ambos organismos "concentrarse en la protección de la seguridad nacional", según indicaron en un comunicado.
Por su parte, la directora del programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, advirtió que la compensación económica puede ser una parte importante del derecho a reparaciones de quienes son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, "pero es sólo una parte".
"La necesidad de hacer pública toda la verdad sobre los atropellos de los derechos humanos y el deber de los estados de exigir responsabilidades sigue siendo esencial", añadió.
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