La problemática es preocupante y de no tomarse las medidas adecuadas Mendoza continuará  sufriendo de un retroceso acelerado de sus zonas de campo, que a lo largo de su historia, supieron ser el alma de la matriz productiva de sucesivas generaciones.

Es que, tal como venían advirtiendo investigadores de diversas disciplinas, el avance urbano sobre las áreas rurales se ha producido de manera desordenada y sin control. De hecho, en la actualidad, las tierras cuyo uso fue modificado  (pasaron de ser agrícolas a barrios y diferentes emprendimientos inmobiliarios), supera a la totalidad de parcelas rurales. 

Frente a esta situación y en el marco de la actual Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (N°8051), sancionada en 2009 en la provincia, algunos organismos y entes del Estado provincial han trazado un proyecto que busca delimitar las zonas rurales, de manera de proteger y promover a los pequeños y medianos productores.

La intención es que antes de fin de año, cuando se produzca el cambio de Gobierno, estén sentadas las pautas de este proceso en la mayor parte de las comunas. 

Debido a que el uso del agua es un factor clave para la subsistencia de cualquier actividad productiva, el Departamento General de Irrigación (DGI) comenzó a trabajar hace un año junto a los equipos técnicos y científicos de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial para dar lugar a una propuesta de cambio en este sentido. 

Mario Salomón, secretario de gestión hídrica del DGI, explicó que una de las metas a corto plazo consiste en que, mientras se reglamenta la legislación vigente en materia de ordenamiento, exista un consenso unificado con los municipios a fin de evitar la especulación anárquica que hoy  impacta de manera directa sobre el campo mendocino por parte de los capitales inmobiliarios.

"Se está sacando a la gente de su tierra, por eso, lo que debemos lograr es que se delimite correctamente las zonas rurales, las urbanas y las fases intermedias, de manera que los pequeños y medianos productores estén protegidos", aclaró Salomón y citó que el 65% de la producción agrícola lograda en la provincia está integrada por esta franja de la producción. 

A través del tiempo, ellos han sufrido de numerosas postergaciones e inequidades: están excluidos del mercado global, su acceso al agua es restringido o nulo y sus recursos son tan escasos que muchas veces no tienen más opción que vender sus tierras. En ese sentido, una de las líneas previstas es reactivar el sector otorgando la posibilidad de acceder a créditos blandos y subsidios, de manera que puedan seguir produciendo de aquí a veinte años. 

Lo más grave, apunta Salomón, es que el contrato social  que une a los mendocinos con el uso del agua y la tierra -en una provincia donde sólo el 3% del territorio está irrigado- está atravesando un franco deterioro.

De acuerdo a los registros, aparecen inscriptos 95.800 usuarios que utilizan agua superficial y subterránea para regar 395.800 hectáreas de cultivos. Ahora, una de las medidas a aplicar para lograr una administración más justa del agua, es que  los proyectos inmobiliarios que se emplacen en zonas de cultivos pierdan su derecho de riego. 

Desde un punto de vista macro, el riesgo de perder porciones extensas de terrenos cultivables genera que el territorio  provincial vea amenazado su "pulmón verde", tan primordial  para garantizar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

Asimismo, el adecuado abastecimiento de frutas y hortalizas de producción local atraviesa un deterioro profundo, con todas las consecuencias que ello implica desde el punto de vista económico.

El trabajo realizado por el DGI y la Agencia de Ordenamiento significó un año de investigaciones, en las que se contó con datos precisos para visualizar cómo la urbanización ha  ganado terreno a las áreas de campo.

Se cruzaron datos, por ejemplo, respecto de las parcelas que antes eran cultivables y en las que ahora se encuentran emplazados barrios privados, casas de fin de semana y countries, entre otros emprendimientos.