USHUAIA.- La demora en la llegada de los recursos contemplados en el acuerdo entre la Provincia y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, genera una profunda preocupación en las municipalidades de Río Grande y Ushuaia. Es que se trata de 50 millones de pesos que aún no ingresaron a las arcas de las comunas, y de esta manera está en peligro la continuidad de una serie de obras públicas que ya están en marcha en ambas ciudades.

Oficialmente, esos recursos no fueron remitidos aún ya que el organismo nacional se encuentra "desfinanciado" y no está en condiciones de cumplir con el convenio.

Cabe recordar que la gobernadora Fabiana Ríos y el director del Fondo, José Estabillo, rubricaron un acuerdo mediante el cual el organismo otorgó al Estado provincial un préstamo por 50 millones de pesos que la Provincia destinaría a la cancelación de parte de la deuda histórica de coparticipación que mantiene con los municipios, mediante el financiamiento de obras consideradas prioritarias por las comunas. Por ejemplo, en Río Grande, el colector cloacal de Chacra XI y XIII, y en Ushuaia el polo deportivo que se construye en el Valle de Andorra. De esta manera, los municipios deberán continuar financiando las obras con fondos propios, afectando recursos presupuestados a otros compromisos.

El intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, sostuvo que "hablé personalmente con Estabillo para ver cuál era la situación" porque "la Municipalidad necesita ese dinero por las obras que está ejecutando", alo cual el funcionario "confirmó que el Fondo estaba desfinanciado y no tenía recursos, y que estaba esperando que haya una decisión para recapitalizar el Fondo". Y añadió: "Por lo tanto, no me podía dar ningún tipo de dato concreto sobre cuándo se podía dar esa situación".

En función de ello, indicó que "nos comunicamos con el Gobierno provincial para de alguna manera encontrar alguna herramienta financiera" que permita "suplir el inconveniente que le genera al Municipio que no se pueda llevar adelante la operatoria".

"Todavía no tenemos nada resuelto" con el Gobierno, añadió el jefe del Ejecutivo ushuaiense, pero destacó que "vemos actitud para ver cómo se puede resolver".

Lo cierto es que la demora en la llegada de los fondos "nos deja en una situación complicada porque estamos hablando de una cantidad importante de dinero, son unos 20 millones de pesos de la deuda de 30 millones que el Gobierno tiene con la Municipalidad".

En tanto, Sciurano consideró que la Legislatura deberá "reevaluar" la ley provincial 799 que autorizó el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo, ya que esa normativa impide a las comunas accionar judicialmente para cobrar la deuda. "La ley no va a cumplir el fin por el que se la concibió porque evidentemente la operación no se va a cumplir en los términos en los que se acordó", planteó. En definitiva, si el acuerdo no se concreta por falta de recursos y los municipios no pueden ir a la Justicia, los intendentes están atados de pies y manos.

En esa línea, analizó que "van a tener que encontrar alguna otra herramienta porque da la impresión que en un plazo razonable esto no se va a poder resolver.

En la misma línea, el secretario de Gobierno de Río Grande, Pablo Blanco, enfatizó que "los proyectos (de obras a financiar) se presentaron y se sancionó una ley que autorizaba a la Provincia a tomar estos recursos y que imposibilitaba a realizar juicios al Estado provincial por incumplimiento en el pago de la deuda", pero sin embargo "hasta ahora no vimos un solo centavo y no creemos que lo veamos".

El funcionario riograndense cuestionó que las comunas "están impedidas por ley a reclamar lo que legítimamente les corresponde, que en el caso de Río Grande son más de 35 millones de pesos", por lo cual "estamos planteando en la Justicia la inconstitucionalidad de este tema".

Blanco manifestó que el Municipio también se comunicó con Estabillo "y me dijo que estaba todo encaminado, pero esto ya lleva más de seis meses y no hemos visto nada".

Asimismo, apuntó que "consultamos en más de una oportunidad el ministro de Economía (Rubén Bahntje) y aseguró que se estaban finiquitando los trámites, pero por ahí terminan cuando haya otro intendente u otro gobierno provincial".

Finalmente, y en cuanto al impacto en las finanzas municipales, Blanco destacó que "estamos funcionando desde hace más de un año con una deuda del Gobierno provincial de más de 35 millones de pesos, y después se habla alegremente de quitar recursos municipales para destinarlos a salud educación y seguridad".

Ante este panorama, no se descarta que los municipios lleven algún planteo común al Fondo Fiduciario para que apure el desembolso, al Gobierno para que analice alternativas de financiación, y a la Legislatura para que revea la ley y le permita judicializar sus reclamos en caso de que el actual estado de situación se extienda. Pero todo parece estar claro: el Fondo no tiene fondos.