El intendente de 25 de Mayo está acusado de abuso de autoridad porque permitió la instalación de la whiskería “El Rancho”, donde a un grupo de mujeres las hacían practicar la prostitución.
Bravo está imputado de abuso de autoridad a partir de que habilitó irregularmente un cabaré en la localidad que gobierna.
La última suspensión del juicio convocado por el juez Daniel Ralli se dio porque la fiscala Cecilia Martiní estaba en ese momento participando de una capacitación en Mar del Plata.
La aspiración de Bravo, de todos modos, era zafar de sentarse en el banquillo: hizo todo lo posible para que le dieran una probation que lo sacara de escena.
Para el juicio, que continuará mañana, además de su abogado Gastón Gómez, tendrá la asesoría legal de Armando Agüero.
En una de las ocasiones en que se le puso fecha al juicio, Bravo no se presentó, bajo el argumento de que consideraba no resuelto por los tribunales superiores su planteo de acceder a una probation.
Bravo pretendía, a través del juicio a prueba o probation, hacer un pago simbólico y tareas comunitarias para evitar el juicio por haber habilitado la whiskería “El Rancho”.
Allí -se comprobó- se obligaba a mujeres a ejercer la prostitución. Su dueño, Javier Ulrich, fue condenado por trata de personas y durante el juicio aseguró: “El intendente me habilitó el local”.
En 2009, la denuncia de una joven boliviana terminó con la detención del dueño de “El Rancho”, lo que a la postre significó el primer juicio oral y público por trata de personas en La Pampa. Javier Ulrich, dueño del lugar, fue condenado en 2010 a cuatro años de prisión.
El crecimiento exponencial de la actividad petrolera en la zona en los últimos años devino en la multiplicación de este tipo de lugares. En septiembre de 2010, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía la actividad. Pero, como en la mayoría de las localidades de la provincia, se hizo una interpretación caprichosa de la norma y los cabarés o whiskerías que ya estaban abiertos seguían funcionando.
En octubre del año pasado la Policía Federal allanó otro cabaré en 25 de Mayo y rescató a diez mujeres que se sospecha eran obligadas a prostituirse. Además, fue demorado el propietario del lugar, que fue clausurado.
El operativo fue realizado en forma conjunta con la Policía provincial y con la colaboración de la Dirección de Migraciones, AFIP y la Subdirección
de Políticas de Género de Santa Rosa.
La orden partió del Juzgado Federal de Santa Rosa y recayó sobre el bar “Caribe”, que funcionaba como pantalla para un lugar donde se ejercía la prostitución. Allí había diez mujeres (entre argentinas y dominicanas) “hacinadas y en condiciones infrahumanas”. El dueño del lugar, un hombre de 45 años oriundo de la localidad, fue notificado en libertad.
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