Es lo que se desprende de la lectura de un informe del Cippes (Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales) que circulé en los últimos días por los medios de comunicación, y en el que da cuenta de “la dificultad con que podría encontrarse el Gobierno de la Provincia a la hora de recurrir al endeudamiento para financiar un déficit fiscal” que estima en $ 1.693 millones de pesos para 2014.

“La dificultad surge tanto de las restricciones que imponen la actual incertidumbre respecto a la resolución final del diferendo con los holdouts y a la necesidad de contar con autorización del Gobierno nacional para endeudarse según indica la Ley de Responsabilidad Fiscal (que prohíbe que se financie gasto corriente con nuevo endeudamiento), pero que en realidad sólo amplifican lo que fue un manejo doméstico dispendioso de las cuentas provinciales.

“El incremento de los ingresos totales (en un supuesto marco de aumento del 35% anual) en $ 3.011 millones y de los gastos totales en $ 5.593 millones implica que el superávit presupuestado para 2014 por el Gobierno provincial de 943 millones de pesos, se deterioraría en $ 2.582 millones hasta alcanzar un déficit fiscal de $ 1.639 millones, de no tomarse medidas presupuestarias adicionales antes de fin de año”, afirma Cippes. 

Agrega que “a este déficit, se suma el impacto de la devaluación sobre las amortizaciones de la deuda de la Administración General, que se incrementarían en $ 82 millones (pasarían de $ 754 millones de pesos presupuestados para el año a $ 836 millones por efecto de la devaluación del peso). 

“El déficit que se avizora sumado al incremento en las amortizaciones de la deuda fruto de la devaluación del peso implica una necesidad bruta de financiamiento de $ 2.475 millones para el año en curso, que exigirá a la Provincia endeudarse o liquidar activos financieros para cubrirla y/o recortar gastos para disminuirla”, puntualiza al tiempo que surge la pregunta sobre cómo se cubrirá este agujero: ¿habrá ajuste social o paralización de la obra pública? 

“Mantener un resultado superavitario requeriría un incremento en los ingresos impositivos de más del 40%, algo poco probable dada la evolución que se viene registrando y las perspectivas de la economía para lo que resta del año”, concluye Cippes. 

Además, Córdoba no firmó el plan de refinanciación de deuda que 17 provincias rubricaron en la Casa Rosada. “De todos modos, esto tampoco alcanzaría para cubrir el déficit”, indicó Pablo Gallo, uno de los titulares del Cippes al ser consultado.