Por:

Matías Morales

La escasez de resultados obtenidos por la Iniciativa Mérida impone que la ayuda económica que entrega Estados Unidos al combate contra el narcotráfico en México sea adaptada a lo que marca la realidad. El desembolso de los casi 270 millones de dólares pedidos al Capitolio por el presidente Barack Obama para el país vecino, de los cuales 234 millones corresponderían a la Iniciativa Mérida, están en sintonía con lo que reclama el Congreso, aunque ahora está condicionado a la situación de los Derechos Humanos al sur del Río Bravo.

La Iniciativa Mérida es un tratado de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado firmado en 2008.

Las denuncias de civiles mexicanos al Estado, que sufren abusos tanto del Ejército como de policías, hicieron sonar la alarma en Washington. Uno de los cambios exigidos de manera urgente es el contenido del artículo 57 del Código de Justicia Militar, con el fin de que las violaciones a los Derechos Humanos sean investigadas y penadas por la justicia civil y no por la castrense. Una vez, en 2010, y otras dos en 2012, la reforma no fue aprobada por el Congreso de México, aunque se espera que la presión de su socio más importante revierta la situación.

La creencia general es que los efectivos gozan de una cierta impunidad, por la que los militares no se auto limitan. De esta manera, el informe Mexico and the 112th Congress del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos dejaría en suspenso el monto acordado hasta que se salvaguarden las garantías individuales. El condicionamiento está también respaldado por la Ley de Asistencia al Exterior, que señala que "un individuo o unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero tiene prohibido recibir la asistencia si el secretario de Estado recibe evidencia creíble de que tal individuo o unidad han cometido una grave violación a los Derechos Humanos."

La decisión de las cámaras legislativas estadounidenses está en línea con la publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que asegura haber tenido 41.462 quejas por violación a los derechos fundamentales tan solo en 2012. Los números del pasado año reflejan un incremento en las denuncias del 41,52% respecto del 2011. Entre las denuncias por las faltas cometidas por el Estado se reconoce el abuso de autoridad, la imposibilidad de presentar denuncias, negligencia médica y detenciones arbitrarias. Por este motivo, el condicionamiento del aporte no fue recibido con sorpresa por los representantes mexicanos que se reunieron la semana pasada con sus pares estadounidenses con el fin de adecuar la ayuda mutua.

El cambio de rumbo que intentará darse tiende a poner énfasis en la prevención del delito y la protección de la ciudadanía, más que en la persecución de los criminales y el consecuente enfrentamiento directo. Tal es la necesidad de un nuevo comienzo de la Iniciativa Mérida que está evaluándose una modificación del nombre. A su vez, la manera de medir el éxito obtenido por la nueva gestión no tendrá que ver ya con el arresto de líderes del narcotráfico, o con la cantidad de estupefacientes confiscados, sino por la reducción de homicidios. «

El dato

Nombre

La necesidad de un nuevo comienzo de la Iniciativa Mérida obligaría hasta a cambiarle de nombre.

un militar cuestionado

El pasado martes The New York Times publicó que Estados Unidos bloqueó el nombramiento del general Moisés García Ochoa como ministro de Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto por sus "muchas dudas" acerca del militar tanto por sus presuntos lazos con el narcotráfico como por sospechas de uso inapropiado de recursos militares. La información fue negada por ambos gobiernos, pero lo cierto es que el cargo recayó en el general Salvador Cienfuegos, mientras que el cuestionado militar fue destinado a una base en el estado de Coahuila (norte).

"El gobierno de (Barack) Obama tenía muchas preocupaciones acerca del general, incluida la sospecha de la DEA de que tenía vínculos con narcotraficantes", sostuvo el diario. Asimismo, pesaba la "ansiedad del Pentágono acerca de que había hecho un uso inapropiado de recursos militares y sustraído dinero de contratos de defensa multimillonarios", hasta el punto que, según el diario, García Ochoa era conocido entre funcionarios estadounidenses con el sobrenombre de "Mister Diez por Ciento".