Anunció la concreción de obras emblemáticas y cambios institucionales. Seguridad, reforma constitucional y el futuro del Frente Progresista, en el extenso diálogo con este diario.

—¿Cuáles son las perspectivas económicas para la provincia tras el impacto de la catástrofe hídrica?

—Creo que vamos a tener unos meses todavía complicados, porque la economía del país está también complicada, y Santa Fe se ha visto además perjudicada por esta emergencia. Pero yo tengo una mirada positiva para el mediano plazo. Me parece que sobre fin de año y el año próximo, si las condiciones generales nos ayudan un poco, Santa Fe se va a recuperar. Primero porque es una provincia que tiene una estructura productiva muy sólida, muy competitiva, que a pesar de los golpes se recupera rápido; tiene capacidad de resiliencia. Quizás el sector más golpeado, con más dificultades para retomar el ritmo de trabajo, es el tambero, porque ya venía con dificultades y es el sector al que la cuestión hídrica más afectó probablemente. Así que estamos insistiendo con el gobierno nacional en la necesidad de tener una línea de financiamiento específica para el sector (N. de la R: la entrevista es previa al anuncio de la nueva línea de créditos del Banco Nación). Pero más allá de estas condiciones particulares, yo creo que en el mediano plazo la economía se va a recuperar. Y por otro lado, nosotros estamos haciendo una gran apuesta a eso, con gran inversión en obra pública, que va a tener un impacto positivo, y también con líneas de financiamiento y apoyo directo a la producción.

—¿Está conforme con el apoyo del gobierno nacional ante la emergencia?

—En términos de atención sí. Hemos tenido reuniones, hemos sido escuchados y atendidos, vinieron la vicepresidente y el presidente. Lo que sí, estamos preocupados porque las respuestas concretas no están llegando, incluso las que ya hemos acordado hace 30 o más días. En particular, el aporte a los tamberos de 50 centavos por litro de leche, de los cuales 40 pone la Nación y 10 la provincia. Esto lo acordamos antes del período de lluvias y todavía no se ha ejecutado. Entonces, este tipo de cosas responde a tiempos lógicos de la administración, pero para quien está en una situación límite, es una espera demasiado larga. Entonces lo que estamos pidiendo es más velocidad para resolver las cosas.

—¿Qué estimación de perjuicios está manejando?

—La recuperación del sistema vial y del sistema hídrico por efecto de las lluvias -estamos hablando de caminos rurales, rutas, puentes, obras hidráulicas-, para volver a la situación en que estábamos a principios de este año, va a demandar una inversión aproximada de 1.800 millones de pesos.

—¿Y el gobierno nacional sólo envió 25?

—Sí. Nos han pedido mucha información sobre los daños, hemos presentado planillas, sabemos que se está tramitando un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que suponemos que en algún tiempo alguna respuesta va a haber; no sé si en proporción a las magnitudes de las que estamos hablando. De esos 1.800 millones, nosotros podemos disponer de hasta 800. Las comunas y los productores también aportan lo suyo, con equipos, máquinas, combustible. Pero harían falta por lo menos otros 800 de la Nación.

Y el daño más importante que evaluamos es el que se produjo a las economías regionales, que estimamos está entre 2 mil y 2.500 millones de dólares de pérdidas. Son sumas que no van a estar en la economía de Santa Fe en los próximos meses.

Producción y deuda

—Uno de los principales problemas productivos para la provincia es afrontar el tarifazo eléctrico. ¿Ve alguna posibilidad de que esto se atempere?

—La promesa está, la volvieron a ratificar en la última reunión. Nos pidieron mucha información y nos dijeron que lo siguen estudiando. Yo estimo que si sacan algo va a ser algo parecido a lo del gas, sobre todo en cuanto a posibilidades de financiamiento.

—¿Usted evalúa que el gobierno nacional no midió los costos de las medidas “correctivas”?

—Hay una expectativa favorable, y todo el mundo, no sólo quienes votaron a este gobierno, esperan que las cosas mejoren y entonces hay cierta tolerancia o aceptación de que hay que pagar ciertos costos. Pero esto tiene un límite, que depende de la situación en que está cada uno. Los plazos se van acortando, y en muchas familias se advierte una mayor demanda social. Y en general la sociedad argentina no es demasiado paciente. Por eso le pedimos al gobierno nacional más rapidez para atender estas cuestiones y mayor sensibilidad a la hora de tomar determinadas decisiones.

—La otra cuestión es la deuda de la Nación por los descuentos del 15 % de la coparticipación. Y además, ahora que se lo van a devolver a las demás provincias, seguramente correspondería una compensación por mantener la Caja de Jubilaciones y soportar su déficit.

—Nosotros tuvimos una reunión en Córdoba con el ministro de Interior y todos los gobernadores, donde se acordó con todas las provincias -excepto Santa Fe, Córdoba y San Luis- la restitución gradual del 15 %. Pero yo planteé que esta decisión, si bien es equitativa, nos deja de nuevo en situación de inequidad, porque muchas provincias tenemos Cajas de Jubilaciones y nos hacemos cargo del déficit. El ministro quedó en dar instrucciones a la Anses para que empiece a analizar puntualmente la situación de cada una de las cajas. Es decir que manifestó una voluntad positiva al respecto.

Por otro lado, me había pedido en su momento que pospusiéramos la discusión sobre la deuda hasta tanto resolviera este tema con las provincias. Así que ahora veremos si podemos encaminar las conversaciones.

Seguridad y Justicia

—A nivel provincial ¿considera que la inseguridad es el principal problema?

—Problemas hay muchos, pero sin duda es el más complejo, por la cantidad de factores que intervienen. Hay una problemática social profunda que se expresa con más intensidad en las dos grandes ciudades, con niveles de conflictividad y violencia, fundamentalmente asociados a los conflictos interpersonales. Pero bueno, es nuestro desafío. Estamos encarando una cantidad de cambios importantes, tanto en el sistema policial como en el procesal penal, y estamos reforzando las políticas de contención social, aunque evidentemente hay que seguir profundizando. Estamos convencidos de que ni con el doble o el triple de policías podríamos prevenir la cantidad de hechos de violencia. Esto necesariamente pasa por lo social

—Ante la Asamblea Legislativa usted reclamó con insistencia el acompañamiento del Poder Judicial. ¿Considera que lo tiene?

—Yo creo que sí. Obviamente que hay que hacer cambios, reforzar estructuras. Pero creo que hay bastante consenso en los ámbitos políticos, legislativos y en la opinión pública respecto a la importancia que tiene la Justicia a la hora de investigar los casos y que no haya impunidad. Y sobre todo, ser muy ajustados a derecho en la aplicación de las sanciones, el desarrollo de los procesos, en no terminarlos a todos con juicios abreviados -que es un buen instrumento, pero no debe ser aplicado en la totalidad de los casos-, las reincidencias, las prisiones domiciliarias. Es verdad que la Justicia penal del nuevo sistema tiene faltantes de recursos humanos, fiscales, jueces, estructuras edilicias, falta la Policía Judicial, pero se está avanzando en todo eso.