Será el final de una larga controversia por el uso gratuito de este estacionamiento con capacidad para mil vehículos, que funciona en terrenos públicos de la ciudad y es explotado gratuitamente por Hapsa desde 2002, a pesar de que se le había solicitado a la empresa que lo desalojara ya en 2008.

El legislador Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno, había presentado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo porteño explique por qué, a pesar de ese pedido de desalojo, el estacionamiento sigue funcionando de manera irregular.

"Estamos trabajando en una nueva licitación con un nuevo concesionario que abone el canon correspondiente por dicha explotación, como corresponde. Se iniciaron distintas acciones legales para recuperar el predio y queremos hacerlo con la mayor celeridad posible", dijo el director general de Bienes de la Ciudad, Juan Martín Barrailh Ortiz.

La playa de Dorrego y Libertador tiene una larga historia: en 1999, el entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa dejó que caducara el contrato con la adjudicataria. En 2002, año de la última concesión del hipódromo, la playa reabrió y, desde entonces, fue utilizada por Hapsa irregularmente. Hasta que en 2007, tres días antes de terminar su mandato como jefe comunal, Jorge Telerman le concedió un permiso de ocupación gratuito por cinco años. Sólo la Legislatura puede ceder bienes de dominio público.

Luego, en 2008, Mauricio Macri firmó un decreto que ordenaba el desalojo administrativo del predio, por considerar de "nulidad absoluta e insanable" aquel decreto suscripto por Telerman. E instruyó a la Dirección General de Concesiones para que ejecute "todas las medidas y diligencias necesarias" con el objetivo de concretar el desalojo, con la colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia. Sin embargo, desde entonces nada ocurrió.

Hapsa presentó un recurso ante la Ciudad para que reconsiderara aquella anulación y, así, poder continuar usufructuando los terrenos. Pero su pedido fue desestimado en julio de 2009.

Consultados varios funcionarios porteños sobre por qué durante cuatro años no habían cumplido con la orden de desalojo que había firmado el propio Macri, explicaron que "nunca se pudo acordar con la policía para llevar adelante dicho desalojo".

En ese sentido, Barrailh Ortiz aseguró que desde 2008 la Ciudad insiste en acciones legales contra Hapsa y aseguró que "el gobierno tiene una decisión firme de recuperar ese lugar, licitarlo y también hacer que el actual concesionario pague por el uso que hizo del predio durante todos estos años. Esta problemática se da por la eterna puja que hay entre la Ciudad y la Nación".