Luego de que la Fiscalía General pidiera la elevación a juicio de la causa por la venta ilegal de licencias de conducir y a la espera de que la Justicia de Garantías resuelva ese planteo, la investigación por este hecho avanza también por otros carriles.

Actualmente, la justicia marplatense analiza otras dos situaciones vinculadas a la causa. Los imputados Brenda Burgos y Jorge Rubilar declararon y deslizaron que el intendente Gustavo Pulti, el secretario de seguridad Adrián Alveolite, el director de Movilidad Urbana Guillermo Iglesias, el actual titular de licencias de Conducir, Miguel Vidal y el concejal Ariel Ciano, entre otros, estaban al tanto de lo que ocurría.

En ese marco, el fiscal Marcos Pagella abrió una investigación para determinar la responsabilidad de estos funcionarios en la causa. En la nueva IPP también se investiga la participación de tres agentes municipales que no están imputados en la causa original (dos empleados y un médico).

En su escrito, el fiscal general adjunto Marcos Pagella aclara que tanto Burgos como Rubilar, por su calidad de imputados, no declaran bajo juramento. No obstante, a partir de sus dichos el Ministerio Público fiscal tiene la obligación de averiguar si existen elementos ciertos para avanzar en imputaciones sobre las personas mencionadas.

Por eso se llevó a cabo el allanamiento la semana anterior, en busca de documentación y elementos que pudiesen confirmar la participación de los funcionarios en la asociación ilícita. Si se avanza en la investigación, tanto Burgos como Rubilar deberán ratificar sus dichos bajo juramento. Caso contrario podrían ser acusados por falso testimonio.  

Por otro lado, en las últimas horas, el fiscal Eduardo Amavet confirmó que seis policías de la ciudad, entre ellos el entonces jefe departamental Darío Ibáñez.

“Llegué a la conclusión preliminar de que corresponde imputarle un encubrimiento por favorecimiento personal. Y así lo he dispuesto”, señaló. Ahora, resta que los policías sean citados a 308 para que ejerzan su derecho a defensa.

Dos de los policías imputados eran efectivos de calle y, según la investigación de Amavet, permitían que se desarrolle la venta ilegal de licencias de manera ilegal sin intervenir. También hay involucrados policías de la Cuarta.

En el caso de Ibáñez, la imputación llega por haber hecho gestiones para que los policías involucrados en estos ilícitos salieran indemnes de la situación.