Sigue adelante la causa por hechos ilícitos en la entrega de licencias de conducir, causa en las que están imputados 18 empleados municipales y otras 7 personas que operaban “fuera” del Distrito Descentralizado “El Gaucho”, lugar donde se expiden dichas licencias.

Este miércoles la justicia comenzó a tomar declaración indagatoria a los primeros 10 imputados. Sin embargo todos se negaron a declarar y solicitaron a través de sus abogados la excarcelación.

A partir de ese pedido cinco municipales recuperaron la libertad pero igualmente quedaron procesados. Se trata de Sabrina Morel, Eduardo Cassiabinali, Sabrina Soria, Laura Monopolis y Brenda Burgos Calle. El resto quedaron detenidos, según fuentes del Ejecutivo que fueron consultadas.

Están pendientes de resolución por parte del juez Errandonea el resto de los pedidos de excarcelación que presentaron los detenidos. El magistrado tiene cinco días para decidir.

En este caso se trata de Leda Raquel Aralla, Laura Valeria Gordon, Sabrina Soledad Morel, Esther Aida Machin, Marcelo Veliz, Luis Alberto Belmonte, Verónica Benedetti, Raúl Ernesto Hernández, Eduardo Gabriel Cacciavillani y Carlos Celazchi, Viviana Beatriz Pared, Fernando Eduardo Peña y Juan Carlos Belmonte quien era el Jefe de División.

Este jueves se le tomará declaración indagatoria al resto de los detenidos y se espera que los tres prófugos sean detenidos por la policía.

Con respecto a este punto se supo que uno de los empleados municipales (Luis Marcelo Martínez) se dio a la fuga cuando llegó personal de Prefectura a realizar el allanamiento. Los otros dos municipales (Jorge Carmelo Rubidar y Víctor Daniel Tosetti) que están prófugos tenían un Código 15 (anticipo de vacaciones) al momento del operativo.

Mientras tanto el área Licencias de Conducir permanece intervenida y los empleados municipales nombrados (sus nombres figuran en el decreto firmado por el intendente Gustavo Pulti) están suspendidos por el plazo de 60 días, de acuerdo a dicho decreto.

Además en el caso de Juan Carlos Belmonte, uno de los principales imputados, se inició a través de la Procuraduría municipal el retiro de la tutela sindical ya que era delegado gremial.

Las detenciones fueron concretadas bajo el cargo de “asociación ilícita”, que contempla una pena de 3 a 10 años de prisión y un mínimo de 5 a quien ejerza la jefatura de la organización.