La medida administrativa que beneficia a los ocho agentes de la Policía Bonaerense fue tomada por el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, quien justificó la decisión en un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que hizo lugar al recurso de amparo presentado por uno de los policías. La defensa del agente argumentó que ya había caducado el plazo legal, establecido en la ley policial 4794, para la aplicación del “pase a disponibilidad preventiva” que pesaba sobre ellos.

La medida restrictiva había sido dispuesta en febrero de 2013 por el ex ministro de Seguridad Ricardo Casal. Al levantarse la sanción, los policías podrán volver a usar el uniforme y portar el arma reglamentaria, entre otras cosas.

“Esto es escandaloso y es consecuencia de una política que lleva cinco años en todos los casos de violencia policial, pero sobre todo en el caso Arruga. La Justicia hizo lugar al recurso de amparo de los policías, pero eso fue posible porque Asuntos Internos no hizo nada para colaborar con la Justicia en la investigación de la de-saparición de Luciano”, le dijo a Página 12 Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Por su parte, Pablo Pimentel de la APDH La Matanza, sostuvo que “es una barbaridad lo que hizo Granados. Hace dos años, cuando nos reunimos con el gobernador (Daniel) Scioli, le habíamos pedido que sacara del servicio activo a los ocho policías porque se había avanzado en la causa en lo que respecta a los ocho policías, que son quienes estaban de guardia” en el Destacamento de Lomas del Mirador donde fue visto por última vez Luciano Arruga.

Los policías beneficiados con la medida adoptada por el gobierno provincial son los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera; los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez, y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, quienes ahora vuelven al servicio activo y además de recuperar su condición de policías, con uniforme, arma reglamentaria y destino, volverán a cobrar la totalidad del sueldo, dado que cuando se les dicta el pase a “disponibilidad preventiva” sólo perciben el 50 por ciento de los haberes. Todos los uniformados se desempeñaban en el destacamento de Lomas del Mirador cuando se produjo la desaparición de Luciano Arruga.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Francisco Terrier, hizo lugar al recurso de amparo presentado por la defensa del subcomisario Ariel Herrera y dispuso el cese de la sanción que pesaba sobre uno de los policías. En su resolución, el juez aclaró que la orden dispuesta “no implica abrir juicio acerca de la fundabilidad de la petición a decidir ni sobre el contenido de la resolución administrativa que deba adoptarse”.

Aunque la medida judicial sólo estaba dirigida al caso de Herrera y no obligaba al Ministerio de Seguridad a reintegrarlos a todos en el cargo que tenían antes de la sanción. Granados dispuso el cese de la disponibilidad preventiva mediante la resolución 359.

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en la sede policial de Lomas del Mirador. Desde principios del año pasado, la causa está caratulada como “desaparición forzada de persona”.