Francisco Maldonado, fiscal general ante el TOF (Tribunal Oral Federal), indicó que el Ministerio Público Fiscal ha solicitado al juez federal Leopoldo Rago Gallo la detención de más expolicías provinciales que trabajaron en el D2 durante la última dictadura y que podrían estar implicados en delitos de Lesa Humanidad.

“El ministerio Público Fiscal ha solicitado la detención de más personas, número que no determinaré por razones procesales, ya que el juez podrá hacer lugar o no al pedido realizado, deteniéndolos o no”, expresó Maldonado.

El viernes pasado Rago Gallo ordenó la detención de 9 exagentes, pertenecientes la mayoría de ellos al Departamento de Inteligencia de Policía de San Juan durante la década del 70, acusados por “privación ilegítima de la libertad, detención ilegales, tormentos, allanamientos ilegítimos, y en algunos casos de desaparición y homicidio”.

Los delitos que se les imputa a los exmiembros de las fuerzas de seguridad, fueron cometidos no solo después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, sino con anterioridad al mismo.

“La responsabilidad de ellos surge del análisis de los legajos del juicio de lesa humanidad que se hizo el año pasado y que fueron aportados por la policía de la provincia”, dijo el fiscal, quien manifestó que durante esta semana comenzarían a prestar declaración ante el juez federal.

“Si el juez los procesa, el objetivo es elevar la causa al tribunal de juicio para acumularlo con los demás casos que están llegando  al tribunal”, argumentó Maldonado.

La idea, según lo señalado por el representante del Ministerio Público Fiscal, es realizar el próximo año un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, “acumulando la mayor cantidad de causas posibles para realizar un megajuicio”.

Caso Rivas

Con relación a la situación de Alberto Rivas, testigo de los juicios de lesa humanidad, cuya casa fue baleada en julio pasado, el fiscal Maldonado adelantó que “en los próximos días solicitará la inhibición de la justicia provincial”, ya que actualmente hay dos causas en trámite, una en la justicia provincial y otra en la federal iniciada por el Ministerio Público.

“Considero que se trata de un testigo que declaró en juicio por delitos de lesa humanidad y por causa de esa declaración él sufrió esa agresión”, explicó el fiscal general ante el TOF.

Rivas declaró sobre la muerte del dirigente comunista Alberto Carvajal, y su testimonio fue fundamental para condenar a Jorge Olivera, Gustavo De Marchi y Osvaldo Martel, los dos primeros fugados en julio de 2013.

“Solicité la incorporación de Rivas en el programa nacional de protección de testigos que lleva adelante el Ministerio de Justicia de la Nación, mandé un oficio fundamentando el pedido”, indicó Maldonado, quien señaló que actualmente el testigo goza de la protección que le brinda el Ministerio de Gobierno a través de la policía provincial.