Explicó al respecto que el Tribunal Oral de Formosa declaró la nulidad de la designación del Dr. Omar Danilo Benítez como defensor del imputado Horacio Rafael Domato en la causa Carrillo, causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

Que el Tribunal Oral decretó tal nulidad por considerar que se había violado el derecho de defensa por cuanto el designado defensor se había desempeñado con anterioridad como Fiscal en la referida causa, por lo que había ostentado en el mismo expediente la calidad de Fiscal y luego de Defensor.

Al resolver tal nulidad el Tribunal Oral analizó la conducta del Fiscal Federal Subrogante Dr. Horacio Francisco Rodríguez, sosteniendo que omitió ejercer las funciones de su cargo y oponerse a la intervención de Benítez como defensor, en cumplimiento de la manda constitucional del debido contralor de los actos procesales. Señaló que se vulneró el art. 15 inc. b) de la Ley 22.172 que prohíbe la intervención como letrado de quien antes lo hubiere hecho como magistrado en la causa. Destaco el Tribunal Oral que el Fiscal que actuó, Dr. Rodríguez, debió velar para evitar la situación que nulifica lo actuado.

Como consecuencia de ello el Tribunal Oral meritúa que en punto al Ministerio Público, deberá actuar un Fiscal distinto al actuante, Dr. Rodríguez. Ademas que la irregularidad detectada retrotrae todo el procedimiento y comporta un dispendio jurisdiccional en detrimento de la administración de justicia.

Asimismo que se debe analizar la responsabilidad emergente de la conducta señalada, remitiendo copia de lo actuado a la Procuradora General de la Nación, a efectos de que se determinen las responsabilidades que le pudieren caber al Dr. Horacio Francisco Rodríguez.

Ante ello y el puntual señalamiento por parte del Tribunal de Alzada de que debía intervenir otro Fiscal en la causa, la Juez Federal dio cumplimiento al apartamiento. Se trata del cumplimiento de las directivas ya brindadas y de una forma de ordenar las actuaciones y preservar la legalidad, para evitar justamente futuros planteos nulificantes que vuelvan a retrotraer la causa en desmedro de la Administración de Justicia y del esclarecimiento y juzgamiento de los hechos. Lejos de ser una forma de obstaculizar el desenvolvimiento de las funciones propias del Ministerio Público Fiscal o entorpecer el avance de la causa se ha buscado precisamente garantizar la legalidad de la actuación y evitar que la causa se paralice nuevamente por planteos de nulidad como el que ya se ha verificado.

Niremperger afirmó que “quiero llevar adelante todas las causas de crímenes de lesa humanidad y estoy segura que si dejo una parte cuestionada y en conflicto, se corre el riesgo de que mañana planteen nulidad y así se beneficia a quienes tienen intereses espurios en el proceso”.