Lo resolvió la Corte Suprema de Chile. El magistrado fue destituido en 2011 y luego se fugó al país trasandino.
La Sala II del máximo tribunal confirmó la resolución del juez chileno Sergio Muñoz Gajardo, que en junio pasado concedió la extradición a Argentina de Romano por causas de violaciones a los derechos humanos, informó Télam.
Muñoz había firmado una resolución de más de 370 páginas, donde se daba lugar al pedido de extradición de Romano.
La petición había sido presentada por Walter Bento, titular del juzgado Federal N° 1 de Mendoza.
Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados por su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal.
Mientras lo destituían, Romano se fugó a Chile y estuvo ahí bajo la figura de “arraigo” y con detención domiciliaria nocturna. Después fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz que se hizo cargo de la causa de extradición.
El magistrado chileno que hizo lugar al pedido del Estado argentino, argumentó que “todos los antecedentes precedentemente relacionados, como los razonamientos expresados permiten determinar la procedencia de la solicitud de extradición de Otilio Irineo Roque Romano Ruiz, por reunirse los requisitos legales para ello”.
El juez explicó que “cada Estado debe tener la posibilidad de juzgar las conductas que han transgredido bienes jurídicos relevantes para su sociedad, en lo cual solamente procede determinar que se cumplan los principios de regularidad internacional”. Y agregó: “sin que le corresponda al Estado requerido efectuar una ponderación de fondo”.
En Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
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