La declaración, que se originó en un proyecto del Radicalismo consensuado con la bancada oficialista, expresa también que la Legislatura vería con agrado que el Congreso nacional sancione una norma que establezca una ayuda extraordinaria con el fin de implementar el programa de emergencia anunciado por el Ejecutivo.

El presidente del bloque radical, Alberto Bernis, lanzó el tema al recinto al exponer que el senador Gerardo Morales presentó en el Senado un proyecto solicitando que se destinen créditos asignados del Presupuesto Nacional por 600 millones de pesos para la compra de terrenos y las obras de infraestructura básica que se necesitan realizar en Jujuy, con el objeto de dar respuesta a las demandas de miles de familias.

El legislador recordó que los conflictos por tierras, con enfrentamientos, continúan en Perico, Monterrico, San Pedro y en San Salvador de Jujuy y definió que “es un tema delicado que debe ser tratado en forma privilegiada; la Nación está en condiciones de hacerlo”, afirmó.

Rubén Rivarola y Mariela Ortiz de la bancada justicialista festejaron, no sin ironía, que el Radicalismo haga aportes a la resolución de la crisis habitacional desatada en la provincia. “Celebro el cambio de actitud y que se pueda contribuir desde el Senado”, dijo Ortiz y opinó que “hubiera sido bueno que antes de debatirlo en el Senado lo debatiéramos en Jujuy”, en alusión a que el bloque radical no dio quórum para la sesión en la que el oficialismo quería tratar el plan de expropiación de tierras del Gobierno.

Por su parte, la diputada Alejandra Mollón (Lyder) advirtió que la provincia recibió recursos para construir 35.000 viviendas pero sólo se realizaron 5 mil y al trazar un panorama de la situación social y económica de la provincia sostuvo que por la falta de oportunidades, los jóvenes que se van a estudiar ya no vuelven a Jujuy. El justicialista Miguel Morales le salió al cruce enumerando las acciones del Gobierno para atender las necesidades de la población y remató que al contrario de la afirmación de Mollón “no es que se van los jóvenes sino que vienen a probar suerte en Jujuy”.

En la sesión, por otro lado, se aprobó sobre tablas y con el apoyo de todos los bloques un convenio suscripto por la Nación y la Provincia para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La iniciativa fue aprobada por todos los bloques, aun cuando el radical Mario Pizarro advirtió que el Estado provincial, como subejecutor de la operatoria, queda obligado a responder con sus recursos coparticipables en caso que la Nación incumpla el acuerdo.

También se sancionó sobre tablas una prórroga del plazo estipulado en la Ley 5626 de Consolidación Normativa y Digesto Jurídico de la Provincia de Jujuy, para la terminación del digesto, pasándose la fecha de la misma para el primero de julio de 2013.

Los diputados, en otro orden, pasaron a la Comisión de Asuntos Institucionales los acuerdos de Fernando Raúl Pedicone como juez del Tribunal en lo Contencioso Administrativo; Liliana Beatriz Fernández como fiscal de la Cámara de Apelaciones; Federico Zurueta como juez de control; Emilio Catán como juez de ejecución; Carlos Gil Urquiola como agente fiscal; Mario Alejandro Maldonado como agente fiscal; Darío Osinaga como agente fiscal; Gastón Mercau como agente fiscal; María Gabriela Sánchez de Bustamante como defensora; de Cristina del Carmen Saman como defensora; de Miriam Mabel Zeballos como defensora y de Liliana Fidela Nuin como defensora para la ciudad de Perico.