Para algunos fue sólo un gesto sin mayor trascendencia que el debate que encerraba. Pero para quienes analizan de cerca la dinámica de la vida legislativa bonaerense, pudo haber sido el inicio de una etapa distinta, en la que el oficialismo tendrá que imaginar otras estrategias para encontrar apoyos de parte de la oposición.

El episodio en cuestión se registró a principios de la semana pasada en torno de un proyecto sensible para la administración de Daniel Scioli como la vigencia de la ley de Emergencia en Seguridad. Sancionada por primera vez en 2004, la norma permitía al Ejecutivo, entre otras cosas, pasar a disponibilidad y aún relevar a los uniformados sin causa cierta y sortear los mecanismos de licitación para avanzar en compras directas. Su vigencia de un año fue prorrogada desde entonces a pedido del Ejecutivo y con el aval crítico de la oposición, que sin embargo se aprestó en seis ocasiones a votar a favor de la extensión de la norma.

A principios de la semana, voceros del Ejecutivo señalaron que la decisión tomada por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, era no enviar un pedido de autorización a la Legislatura para prorrogar una vez más la ley. El anuncio llegó horas después de que uno de los principales referentes de la oposición en la Provincia, Francisco De Narváez, anticipara la decisión de los bloques legislativos bonaerenses de Unión Pro de no acompañar una nueva prórroga.

Tras la confirmación del Ejecutivo, además, el titular de ese bloque en Diputados Ramiro Gutiérrez, aseguró que la decisión del Ejecutivo llegó como una forma de reconocimiento de que, llegado el caso, debería afrontar una votación desfavorable en Diputados.

"El gobernador Scioli se quedará sin emergencia policial este año, tras seis veces consecutivas que el oficialismo renovó en forma automática la emergencia policial, y deberá replegarse antes de perder una eventual votación en la Cámara baja", señaló una de las principales espadas de De Narváez en la Legislatura provincial.

¿CAMBIO DE RUMBO?

En ese marco, voceros del bloque de Unión Pro en Diputados anticiparon que lejos de tratarse de una postura aislada, la actitud tomada por los legisladores del espacio con respecto a la emergencia policial podría marcar un cambio de rumbo de la bancada con respecto a los proyectos enviados por el Ejecutivo.

Es que, hasta el momento, el peronismo disidente ha venido acompañando casi sin fisuras las diferentes iniciativas enviadas por el Ejecutivo a la Legislatura durante este año y luego del recambio de bancas que dejó al oficialismo sin mayoría en ambas cámaras y obligado a recurrir a votos aliados.

Así lo hizo en el tratamiento de la reforma al Código de Procedimiento Penal para endurecer las condiciones de excarcelación, en la polémica iniciativa para trasladar deudas de productores con el Banco Nación al Fideicomiso provincial, y la fusión de ministerios de Justicia y Seguridad, entre otras.

De esa forma, las bancadas de Unión Pro, que por su composición numérica juegan un rol estratégico en ambas cámaras, se convirtieron en aliadas estratégicas del oficialismo a la hora de los votos, más allá de sus posturas críticas.

Pero ahora todo podría cambiar. El lanzamiento oficial como candidato a gobernador provincial de Francisco De Narváez sería un factor determinante en este cambio de actitud. "A partir de ahora, vamos a plantear una oposición más firme con respecto a proyectos del oficialismo o del Ejecutivo. Hasta el momento, nuestra actitud fue la de acompañar medidas que reclamaban para poder gobernar, como la fusión de ministerios y por eso las apoyamos", explican desde esas bancadas.

Y, como un adelanto de lo que podría suceder, anticipan por caso que ya están planteando estrategias para el debate en torno a la ley de Presupuesto y a la Ley Impositiva que deberá enviar el Ejecutivo hacia fin de año. "Seguramente, ya con un clima electoral más instalado, el debate va a ser diferente y mucho más duro. No van a salir (las leyes) como el año pasado", anticipan.