Un nutrido grupo de bloques opositores resolvió hoy enviar una citación formal para que los ministros de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y de la Ciudad, Guillermo Montenegro, concurran el próximo lunes a la Comisión de Seguridad de la Legislatura, para responder sobre la quita de efectivos de la Federal de edificios públicos porteños.

La convocatoria fue apoyada, hasta el momento, por los bloques Coalición Cívica, Proyecto Sur, UCR, Diálogo por Buenos Aires, Unión Federal y el monobloque del GEN, compuesto por el legislador Martín Hourest, aunque se esperaba la suma de otros integrantes en las próximas horas.

Según confiaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas, la citación para el ministro Montenegro es para el próximo lunes a las 16:00, el mismo día que se convocará a Garré "o al funcionario que ella designe".

Para formalizar la convocatoria, este grupo opositor necesita juntar 20 firmas de legisladores, lo que estaría prácticamente garantizado.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, afirmó en declaraciones a NA que también se pedirá "el tratamiento sobre tablas de varios expedientes relacionados a esta situación que atraviesa la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires".

"Además, vamos a exhortar al Gobierno nacional y de la Ciudad a sentarse en el Consejo de Seguridad a tratar estos temas", aseguró Sánchez, quien recordó que la Comisión de Seguridad, que preside el macrista Martín Borrelli, "no se reúne desde hace varios meses".

El diputado de la CC agregó que también insistirán en la creación de los Foros de Seguridad Ciudadana y opinó que "la Nación no tiene forma de implementarlos", en referencia a la presentación en este sentido que hizo la ministra Garré el martes pasado.

"Son actividades y ámbitos propios de los gobiernos locales. Por eso presentamos un nuevo proyecto para que se modifique la ley para que tengan vigencia estos foros, que Macri vetó en enero de 2010", explicó Sánchez.

Los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) se votaron con el objetivo de involucrar a la sociedad civil en las políticas de seguridad de la Ciudad, para controlar y evaluar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, prevenir abusos policiales y promover la relación entre los vecinos y esas mismas fuerzas de seguridad.

El veto, que se dio en forma parcial, eliminó los artículos que involucraban a los vecinos en el diseño de las políticas públicas, dejándolas en manos del Ejecutivo porteño.