La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó un proyecto de ley que tiene por objetivo resguardar la ética en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y erradicar y prevenir actos de corrupción.

El apoyo a la propuesta macrista fue casi unánime salvo por el voto negativo del legislador de Nueva Izquierda Alejandro Bodart. En fin, la iniciativa consiguió 57 votos a favor y un solo negativo, el de Bodart.

Entre otras cosas, la iniciativa obliga a los funcionarios a presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días desde la asunción de sus cargos y deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente en el curso del mes de marzo de cada año y presentar una última declaración, dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de cesación en el cargo.

Quienes deben cumplir con ese punto son las personas que desempeñen las funciones de jefe de Gobierno, vicejefe de gobierno, diputados de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del Tribunal Superior de Justicia; jueces, secretarios y prosecretarios del Poder Judicial porteño; ministros de gobierno; miembros del Consejo de la Magistratura; integrantes de la Junta Comunal y de los organismos autónomos de la Ciudad como la Defensoría del Pueblo, entre otros.