La comisión de Juicio Político, que estudia el pedido de remoción contra los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina, rechazó ayer por unanimidad que las audiencias en el marco del caso Marita Verón se desarrollen con público y con la presencia de los periodistas.

Los legisladores Sisto Terán, Guillermo Gassenbauer, Beatríz Bordinaro, Manuel Fernández, Carlos Assán, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, Alfredo Quinteros, Iván Llorens Dip y el opositor Ricardo Bussi resolvieron no hacer lugar a un pedido que realizaron los jueces. Los parlamentarios coincidieron en la reunión en que si las audiencias son de libre acceso, el proceso podría politizarse. Así lo explicó a LA GACETA el secretario de la comisión de Juicio Político, Guillermo Gassenbauer. "En primer lugar, en la Legislatura no hay suficiente espacio para que sean abiertas al público. Y en segundo lugar, la situación se puede prestar para que el proceso se politice. Imagínese usted que hay más de 30 testigos que deberán dar testimonio. Para ello habrá taquígrafos que tomarán nota de todo lo que se diga en las reuniones", afirmó el alperovichista.

La comisión respondió de esa manera a un pedido que, durante la mañana, habían formalizado los abogados del juez Alberto Piedrabuena, solicitaron que las reuniones de la comisión de Juicio Político de la Legislatura sean públicas. Los letrados José Roberto Toledo y Arnaldo Ramón Ahumada fundamentaron su pedido en una calificación que había hecho el presidente de la comisión, Sisto Terán. "Expresó como de alto impacto político y social el presente proceso, por lo que peticionamos que las deliberaciones se realicen en forma pública, permitiéndose el acceso a los medios de prensa y a las defensas", señalaron.

En la reunión de ayer, tras rechazar esa pretensión, los legisladores trabajaron en la confección del listado de testigos de la defensa y de la parte acusatoria, quienes deberán dar testimonio hasta el 4 de abril. Ese día está previsto que la comisión de Juicio Político se expida sobre si los tres jueces que absolvieron a los imputados en el caso de Marita Verón están en condiciones -o no- de ser sometidos al Jury de Enjuiciamiento.

Las audiencias con los testigos se realizarán durante la próxima semana y la idea de los parlamentarios es reunirse mañana y tarde para agilizar el proceso. No descartan trabajar, también, los días feriados, según consignaron desde el grupo de trabajo.

"Ofrecimos como prueba un mail anónimo"

El abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón, Carlos Garmendia, admitió ayer que hubo "una mala interpretación" en torno al ofrecimiento de una prueba instrumental que aportó Susana Trimarco en contra de los jueces Eduardo Romero Lascano, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina, por la supuesta comisión del delito de cohecho para absolver a los 13 imputados.

Romero Lascano había señalado que una de las pruebas aportadas por la madre de Marita Verón ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura era inexistente. El magistrado había consignado que en el punto 5.1.3 del escrito presentado por la presidenta de la fundación ante la Legislatura figura una supuesta denuncia penal, formulada por Trimarco y con el patrocinio de Garmendia, por la supuesta "compra de los jueces". Sin embargo, el juez luego constató que no existe tal denuncia en la Fiscalía de Instrucción Penal de la IV Nominación, a cargo de Diego Alejo López Ávila.

Consultado por LA GACETA, el abogado Garmendia explicó: "lo que sucede es que han leído e interpretado mal la presentación que realizamos nosotros. Han leído mal el ofrecimiento de pruebas y han buscado mal en tribunales". El letrado explicó que lo que se señaló como prueba instrumental es la existencia de un mail anónimo que llegó a la fundación en septiembre de 2010, mediante el que denunciaba la existencia del presunto cohecho. "En septiembre de 2010 recibimos un correo anónimo donde nos decían que los jueces iban a absolver a los 13 imputados porque recibieron dinero. Esto es lo que ofrecimos como prueba y el juez Romero Lascano interpretó que nosotros habíamos presentado una nueva denuncia penal", aclaró Garmendia. "Ese año, lo que hicimos nosotros fue entregar en la fiscalía IV ese mail anónimo que hablaba de supuestas coimas. Yo le informé al fiscal sobre ese hecho y le pedí, oportunamente, que investigue sobre la procedencia de este correo electrónico", explicó el letrado.