El proyecto de ley que intenta regular la utilización de medidas cautelares en contra del Estado, sirve para proteger los intereses de la mayoría para unos y perjudica a los ciudadanos comunes para otros. Legisladores nacionales por Salta participaron en un debate sobre la reforma judicial que impulsa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y plantearon posturas enfrentadas sobre la idea oficial de determinar cuándo la Justicia puede tomar una decisión en contra del Gobierno.

En un encuentro organizado por el Colegio de Abogados, expusieron su postura sobre las iniciativas kirchneristas que se enviaron al Congreso para modificar el sistema judicial los legisladores nacionales por Salta Sonia Escudero, Pablo Kosiner, Walter Wayar y Bernardo Biella, además del diputado por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Manuel Garrido.

Uno de los puntos más críticos del debate giró en torno del proyecto que busca establecer en qué situaciones la Justicia puede dictar en contra del Estado una medida cautelar, figura que permite pedirle a un juez que tome una determinación rápida para evitar un daño sin esperar los tiempos de un juicio.

La senadora Sonia Escudero consideró que la propuesta surgió por la disputa que mantiene el Gobierno de la Nación con Clarín, ya que la ley de medios no se aplica por cautelares que impuso el Poder Judicial ante una demanda de este grupo empresario.

“Esto no tiene nada que ver con democratizar la Justicia. La iniciativa en realidad no va a perjudicar a las grandes corporaciones que tienen abogados a su disposición sino a los ciudadanos de a pie”, señaló Sonia Escudero y consideró que la ley podría ser declarada inconstitucional si se aprueba.

Pablo Kosiner opinó, por el contrario, que el proyecto “no afectará a la gente sino a los sectores de poder”. En diálogo con periodistas, el diputado además destacó que “se dejaron claramente establecidas las reglas” para no limitar los reclamos de quienes hagan planteos por cuestiones de salud o ambiente.

“No puede haber una norma aprobada por la mayoría hace cuatro años y que no se ponga en funcionamiento por cautelares”, señaló el legislador en referencia a la ley de medios, impulsada también por el kirchnerismo.

Entre otros puntos, la propuesta que envió la Presidenta al Congreso en los últimos días establece que los jueces deberán demostrar su competencia para dictar una cautelar contra el Estado y que no podrán tomar este tipo de decisiones cuando afecten recursos del Estado.

También se determina que, antes de resolver, los magistrados tendrán que comunicar la demanda al Gobierno para que les informen cuál sería el interés público comprometido por el reclamo. Por otra parte, se fija en seis meses el plazo por el cual puede extenderse una cautelar.

Para Manuel Garrido, “el problema no son las medidas cautelares sino la lentitud de la Justicia”. El legislador consideró que el plan oficial incluye “una artillería de elementos que tornarán ilusorio el derecho a reclamar”.

El diputado Bernardo Biella dijo a El Tribuno que se opone a regular las resoluciones judiciales contra el Estado porque es la única forma que encontraron, por ejemplo, los jubilados para pelear por sus haberes.

Walter Wayar consideró que las cautelares contra un gobierno no deben extenderse indefinidamente en el tiempo. “No pueden estar totalmente acotadas ni tampoco libradas al azar”, manifestó.