Presidentes, ministros, funcionarios, legisladores, jueces y fiscales; directores de organismos estatales, de control, de sindicatos y de entidades empresariales y las autoridades partidarias. También, las esposas o parejas, hijos y sobrinos. Los militares, diplomáticos e, incluso, funcionarios extranjeros. Todas serán consideradas, a partir de ahora, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y estarán sometidas por los bancos, el Banco Central (BCRA), la AFIP y otros organismos y profesionales a "controles reforzados" contra el lavado de dinero.

El gobierno argentino y la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Sbatella, están acorralados por las sospechas de no combatir el blanqueo de fondos obtenidos en la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo. Por eso, intentan aplacar las fuertes críticas que formularon el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el organismo antilavado del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos llamado Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés).

En octubre pasado, el GAFI acusó a la Argentina de no cumplir 47 de las 49 recomendaciones internacionales. Falta un mes para que se realice el nuevo plenario del organismo, durante el cual el país podría ser incluido en la "lista gris" de los no cooperantes. El Gobierno comenzó a enviar las correcciones de su plan de acción, que no había satisfecho al GAFI y, de paso, necesita el apoyo del Fincen, organismo que hace un año y medio interrumpió el envío de información confidencial porque el Gobierno filtró datos sensibles con fines políticos.

Por eso, ayer se publicaron en el Boletín Oficial dos resoluciones firmadas por Sbatella, que son parte de una batería de medidas que se difundirá en los próximos días.

La ley 25.246, contra el lavado de dinero, sancionada en 2000, dispuso que la AFIP, el BCRA, los bancos, las aseguradoras, los agentes de bolsa, las tarjetas de crédito, los escribanos, los abogados y otros organismos y profesionales tienen que conocer a sus clientes, controlar sus movimientos e informar como sospechosa cualquier operación inusual (artículos 20 y 21). Pero, tal como señaló el GAFI, las normas argentinas no obligaban a identificar a las personas expuestas políticamente (PEP), un grupo de alto riesgo. La primera resolución, número 11/2011, trata de corregir, precisamente, la falta de cumplimiento de la recomendación 6. Ahora, la nueva y muy detallada resolución enumera un largo listado de personas expuestas políticamente.

Para abril próximo, los bancos y las demás entidades que tienen el deber de controlar y reportar operaciones sospechosas, según dice la norma, deberán conocer a fondo a sus clientes; detectar a ese grupo de PEP; hacerles llenar una declaración jurada especial y "reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos de las operaciones que realicen", para controlar que no intenten lavar dinero.

Información confidencial

La Unidad de Información Financiera publicó ayer, también, la resolución número 194/2010, con la que intenta superar un entredicho que surgió con su par de los Estados Unidos, el Fincen: desde mediados de 2009, ese organismo dejó de enviar información confidencial; trascendieron datos reservados que perjudicaban a Francisco de Narváez y que debían permanecer reservados. En julio de 2009, una semana después de que De Narváez había derrotado a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas, Página 12 publicó una nota titulada "Los negocios del Patán", en la que se afirmó que el Departamento del Tesoro investigaba al empresario y flamante diputado electo.

Unas 180 unidades de información financiera del mundo intercambian datos a través de la red Egmont, un canal donde viaja en forma segura y encriptada, con la condición de confidencialidad. La Argentina acaba de pedir información a España sobre el avión que llevó 940 kilos de cocaína a Barcelona. Además, el país receptor debe pedir autorización al remitente antes de enviar la información a la Justicia. Estos recaudos tratan de obturar posibles filtraciones.

Aquella filtración ocurrió cuando la UIF estaba a cargo de Rosa Falduto y el Fincen interrumpió en forma unilateral un "memorando de entendimiento". Sbatella, que reemplazó a Falduto en la UIF, intenta revertir la situación.

Sbatella fracasó en su intento de lograr que el Tesoro se aviniera a restablecer la vigencia de ese memorando.