Malas noticias para las autoridades santarroseñas y, fundamentalmente, para las arcas comunales. El número provisorio de fondos coparticipables provinciales para el mes en curso están "muy por debajo" de la proyección realizada al momento de realizar el Presupuesto 2015.
Si bien los números no han sido cotejados y corroborados, de acuerdo a las primeras remisiones de fondos bajo ese concepto vuelven a quedar con una diferencia en menos de alrededor de 5 millones de pesos mensuales.
Fuentes de Hacienda santarroseña dieron cuenta que sobre una masa coparticipable mensual estimada en 90 millones, este mes se redujo "a menos de 80", que en abril fue de 73 millones de pesos, cantidad ésta que debe dividirse de acuerdo a los porcentuales asignados a cada comuna que en el caso de la capital pampeana es de 27,4 por ciento.
Con ese porcentaje, la municipalidad santarroseña pasó de percibir "teóricamente" 25 millones de pesos a recibir sólo 20 millones.
"Para compensar la baja en la coparticipación registrada en los primeros meses del año, la masa a distribuir de ahora en más debería ser de 93 millones de pesos, lo que daría un ingreso mensual de cerca de 23 millones. Pero a juzgar por lo de este mes, estamos lejos de ello", le dijo a LA ARENA el secretario de Hacienda, Miguel de Elorriaga.
Diferencia.
De persistir esta diferencia en menos, la comuna se vería obligada a pedir un anticipo de coparticipación para poder afrontar el pago de sueldos en mayo, adelanto que deberá devolver como ocurrió en diciembre (de 4.500.000 pesos, casi la cantidad que se recibe de menos por mes) que fue descontado a partir de febrero a razón de 900 mil pesos por mes.
"Si aumenta la coparticipación no tendríamos inconvenientes en devolver ese anticipo, pero si los números no mejoran vamos a andar muy ajustados", remarcó el funcionario santarroseño.
El panorama financiero de la municipalidad se torna más grave si se consideran las deudas que tiene con la Provincia (45 millones de anticipos y 13 millones a Aguas del Colorado) y las obligaciones con proveedores.
En el medio está la retomada discusión, que se remonta a la época que gobernaba el Frepam, de la deuda de tasas de los adjudicatarios de viviendas del IPAV, que ahora la gestión Larrañaga pretende que se le reconozca como acreencia habida cuenta que los moradores de esas unidades no tienen la hipoteca a su nombre.
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